Los indefensos

@UTufigno

Si -como afirmó Peña Nieto- “la corrupción (en México) es un tema cultural”, entonces no es lógico que nuestro país esté ubicado en el lugar 105 de 176, de acuerdo al índice de Percepción sobre Corrupción que realiza Transparencia Internacional. Como que algo no me checa. No es posible que 71 países tengan peor evaluación que nosotros dada nuestra gran riqueza cultural -corrupción incluida- tal y como lo dijo el inquilino de Los Pinos. A no ser que alguien le haya dado ‘una lana’ a la institución calificadora para que no nos viéramos tan en el sótano. Todo es posible.
    Desde siempre, la corrupción es un sano deporte que se practica a la vista de todos y en todo tipo de pistas, pero en los últimos años los ejemplos palpables han creado situaciones escandalosas que en ocasiones, como el triste caso de la Guardería ABC, se traduce en tragedia. Y para quien suponga que este mal se limita a la actividad pública, se equivoca: entre los particulares también existe la clase que ambiciona las riquezas materiales por encima de la justa medianía de lo necesario.
    Hace poco más de un mes tuvimos conocimiento de la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi -en Sonora- a causa del derrame de millones de litros de sulfato de cobre provenientes de una instalación de la Minera Buenavista del Cobre, la cual se encuentra asentada en la veta más grande de cobre conocida en el planeta. La minera, integrante del Grupo México, es propiedad de la familia del segundo hombre más rico de este país, Germán Larrea, y quien ahora pretende incursionar en el negocio de las telecomunicaciones, algo que no dudo que consiga dado que en el pasado fue favorecido por las políticas privatizadoras del salinismo.
    Aunque la empresa afirma que ha hecho lo posible por mitigar los daños que han afectado a miles de pobladores de siete municipios, lo cierto es que el daño por sí mismo es irreparable, ¿o acaso se podría cuantificar una indemnización por, digamos, extinguir una especie animal? Por supuesto que no. Aquí hay responsabilidad de Grupo México e irresponsabilidad de las autoridades federales y estatales que debieron velar por el cumplimiento de las obligaciones de la minera.
    Peor aún, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, se ha puesto del lado de la empresa y sostiene los mismos argumentos que ésta expone en su defensa, lo que incluye la compra del silencio de la población afectada mediante el pago de dos mil a tres mil pesos por familia.
    Sin embargo, dichas cantidades son muy inferiores a los dos mil millones de pesos que Grupo México estableció como fideicomiso para la reparación ambiental y pago de daños materiales causados por el derrame en los ríos y cuyo anuncio se convirtió en un motivo de júbilo para el gobierno federal, el cual aclaró que dicha cantidad es independiente de la millonaria multa que debe pagar la minera. Caray, para qué preocuparse, si el poder del milagroso dinero todo lo cura. Es más, de una vez que aporte un poco más al fideicomiso a cuenta del siguiente derrame o una nueva explosión en otra mina de carbón, como la ocurrida en “Pasta de Conchos” en 2006, cuya responsabilidad es también del mismo grupo empresarial, aunque las causas permanecen en las sombras bajo la protección gubernamental.
    Pero el desastre ecológico en Sonora también puso en evidencia al gobernador de Sonora ya que, al revisar vistas aéreas de varios años en la zona, se detectó una presa dentro de una de sus propiedades. La menor de las faltas que se le pueden atribuir al gobernador será haber construido dicha obra sin las autorizaciones correspondientes, pero es posible que exista población demandante de agua que haya sufrido afectaciones por la indebida acumulación del vital líquido. Pero seré sincero: no espero que se actúe con justicia. Seguramente habrá una línea política que determine la resolución final en contra del mandatario sonorense y en contra del propietario de la minera; y lo mismo espero en el caso de la fallida Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, asunto que ya llegó al nivel de enfrentamiento entre el actual y el anterior Jefe de Gobierno