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  • Viernes 29 de Marzo de 2024

Operativos como los del jueves buscan inhibir protestas: activistas


MÉXICO, DISTRITO FEDERAL., 23 DE NOVIEMBRE DE 2014. Activistas de distintas organizaciones civiles acusaron hoy al Estado mexicano de haber organizado un operativo policiaco el 20 de noviembre con la intención de inhibir la protesta e insistieron en que los arrestos realizados esa noche fueron arbitrarios.
    Denunciaron este día que las 11 personas detenidas en el marco de las movilizaciones del 20 de noviembre por Ayotzinapa que ya se encuentran en penales de alta seguridad, significa una acción del estado mexicano que busca “inhibir el derecho humano a la protesta”.
    El caso de los 11 consignados en los penales de Veracruz y Nayarit, radicará en el Juzgado 17 de Distrito en Jalapa, Veracruz. El registro de la causa penal es 45-2014A
    En conferencia de prensa, en el Centro Nacional de Comunicación Social A.C., Francisco Cerezo, integrante del Comité Cerezo México, indicó: “Este operativo policiaco está diseñado fundamentalmente para generar miedo, ya de por sí la sociedad está un poco temerosa, esta detención indiscriminada de personas lo que va a generar es más temor y lo que va a genera es inhibir el derecho humano a la protesta”.
    Señaló que existen diversos testimonios de mucha gente que fue golpeada luego de la movilización en la explanada del Zócalo capitalino, “nosotros pensamos que la orden era desalojar el zócalo y generar este tumulto en las calles, mientras que los que se quedaban rezagados fueron golpeados”.
    Francisco Cerezo destacó que en las detenciones arbitrarias participaron policías de una corporación y los entregaron a otra, lo que significa una “suma de irregularidades”.
    El objetivo de estas acciones, señaló el activista, es buscar “opacar el verdadero origen de las protestas que es la desaparición forzada de 43 estudiantes y la ejecución extraoficial de otras seis personas”.
    En tanto, Jesús González, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, explicó que a algunos de los detenidos no se les permitió que sus abogados tuvieran acceso, sino que les fue asignado uno de oficio. “En algunos otros casos los abogados de oficio tardaron muchísimo tiempo en reaccionar”, aseguró.
    “La detención de los jóvenes es una cadena lamentable de errores por parte de la autoridad”, señaló. Agregó también que los abogados de oficio incluso se convierten en otra traba para acceder a tener contacto con los jóvenes y comenzar su defensa.
    “El uso político del uso de la justicia penal queda muy claro en este caso”, indicó.
    Francisco Cerezo informó que hay un trabajador del Museo de la Memoria y Tolerancia entre los presos. Lo que indica, de acuerdo al activista, que los elementos de seguridad “los aprehendieron sin idea de nada”.
    Jesús González dijo sobre las detenciones arbitrarias que “estamos ante una situación recurrente”, puesto que hace dos semanas durante una manifestación por los normalistas de Ayotzinapa fueron detenidas 18 personas por los daños a Palacio Nacional.
    Sin embargo, “a lo largo de estos días hemos estado viendo apoyos a los jóvenes por parte de sus instituciones educativas”, aseveró González, y las universidades “no apoyarían a terroristas”, en referencia a las  detenciones arbitrarias por parte del gobierno.
    Sobre el estudiante chileno detenido, Maxwell Lawrence, rechazaron las acusaciones del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que catalogó al extranjero como uno de los manifestantes “más violentos” del jueves 20 de noviembre en el zócalo capitalino.
    Lawrence tiene una “reconocida trayectoria académica y artística” y su proceso es irregular y sin pruebas, dijeron.  
    Asimismo, denunciaron que el abogado de la Procuraduría General de la República (PGR) que lleva su caso, Rafael Lomas Loya, no quiso proporcionar información sobre la situación del estudiante del doctorado en Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pese a que no tiene familia consanguínea en México, así como su actitud hostil al no permitir el cambio de abogado.
    Ayer, el gobierno chileno aseguró que su embajada en México estaría pendiente de lo ocurrido con Lawrence y que lo guiará frente a todos los procesos que se abran en su contra.
    “He conversado con el embajador de Chile en México, Ricardo Núñez, quien afirmó que mantiene contacto continuo con el detenido para prestarle el apoyo que se le presta a cualquier chileno que se encuentra en dificultades en el exterior”, aseguró el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz.
    En tanto, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, confirmó que el chileno Laurence Maxwell Ilabaca, de 47 años, fue el único extranjero arrestado el pasado jueves en las protestas por la desaparición de 43 estudiantes mexicanos.
    Según Osorio Chong, Maxwell fue uno de los “más violentos” en el enfrentamiento entre un grupo de personas encapuchadas y policías antimotines la noche del jueves pasado en el Zócalo capitalino, al final de un mitin.