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Deje la corrupción, ¡la economía! Cada veracruzano debe 5 mil 506: la deuda creció 111% con Duarte


Ciudad de México, 27 de agosto del 2016.– Veracruz, que en algún momento de la historia reciente se publicitaba como “el Estado que lo tiene todo” se encuentra en una situación que es “crítica por donde se vea”, de acuerdo con la directora del Think Tank México ¿Cómo Vamos?, Valeria Moy, quien señaló en entrevista para EconomíaHoy.mx que desde que inició la administración del gobernador Javier Duarte “no hay indicador económico que no se haya deteriorado”.

    Según las cifras del Inegi para 2015, Veracruz tiene una población de 8.1 millones de habitantes, equivalentes al 7 por ciento de la población nacional. Ocupa el primer lugar nacional en producción de energía eléctrica, cuenta con tres de los puertos más importantes del país (Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz) y es sede de los complejos petroquímicos más importantes de México. Esta efervescente actividad industrial y empresarial es la razón por la que los recursos que genera Veracruz lo ubican como el quinto estado que más aporta al PIB nacional, el 5.1 por ciento del total.
    No obstante, tanto las finanzas del Estado como la calidad de vida de sus habitantes han sufrido un empeoramiento severo en los últimos cinco años. De las 32 entidades federativas que integran a la República Mexicana, Veracruz ocupa el lugar 22 en PIB per cápita, que es de 104 mil 017 pesos anuales cuando el promedio nacional es de 136,214. Es el cuarto estado con menor crecimiento, pues su economía crece a un ritmo de 1.6 por ciento en promedio anual, cuando el país crece al 2.9 por ciento. Es el sexto con mayor pobreza laboral, con el 53 por ciento de su población por debajo de la línea de la pobreza, mientras que el porcentaje nacional es de 42 por ciento. En empleo formal, sólo ha generado el 15 por ciento de la meta de 11 mil 590 puestos de trabajo por año, lo que ha redundado en un crecimiento de la informalidad “escandaloso” que al inicio de la administración de Duarte era del 56.9 por ciento de la población y que hoy se extiende al 62.4 por ciento de los veracruzanos.
UNA DEUDA OPACA
Pero para Moy, quizá el indicador más preocupante sea el nivel de endeudamiento del Estado y más aún, el ritmo con el que se ha generado. Hoy la deuda pública de Veracruz registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es de 45 mil 446 millones de pesos, sumando la deuda estatal y la de sus 212 municipios. De este total, 41 mil 849 millones de pesos son sólo deuda del Estado, y de esa cantidad, el 88 por ciento tiene como fuente de pago las participaciones que la Federación da a la entidad. Así, la economista explica que es el gobierno quien garantiza los compromisos del gobierno veracruzano.
    Es precisamente el nivel y el ritmo de endeudamiento lo que llevó a la calificadora Fitch Ratings a recortar su nota en dos escalones (de BBB hasta BB+, que es ya un nivel especulativo o también conocido como ‘bono basura’). Moy explica que por un lado, el crecimiento de la deuda nominal total de 2010 a 2015 se ha incrementado en un 111.4 por ciento, pero ha tenido saltos “bestiales” en momentos concretos. Por ejemplo, en 2010 pasó de 9 mil millones de pesos a 21 mil 500 millones, un incremento del 130.4 por ciento; al año siguiente saltó un 30 por ciento y en 2012 creció un 43.4 por ciento, de manera que la acumulación de esta deuda ha provocado que cada veracruzano haya pasado de deber 2 mil 788 pesos en 2010 a 5 mil 606 pesos en junio de 2016.
    Un argumento relevante que llevó a Fitch a hundir la calificación de Veracruz a ‘bono basura’ es “lainconsistencia y falta de credibilidad en la información financiera que presenta, aún y cuando es auditada por un despacho externo”. Dado que la entidad no ha presentado su cuenta pública para el año 2015 ni de los primeros trimestres de 2016 de manera pública, Fitch ha tenido que recabar información de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y de los registros de Hacienda. Esta es una de las aristas que Moy observa como más graves. “No hay información, y aunque la haya, no es confiable”, explica. “Nadie sabe en qué se ha usado todo el dinero de la deuda, y aunque hay maneras de conocer en qué condiciones se ha contratado, es no es información fácil de conseguir”.
    El próximo 1 de diciembre Miguel Ángel Yunes, del Partido Acción Nacional, relevará a Duarte en la gubernatura, aunque estará en el poder por sólo dos años, pues se modificó el plazo de la administración para homologar las elecciones subsecuentes con los comicios nacionales. Así, el primer gobernador de un partido distinto al PRI que haya tenido Veracruz en toda su historia heredará un escenario turbio y con pocas posibilidades de enderezarse, aunque “siempre se puede arreglar un poco o empeorar mucho”, dice Moy.
    Para la economista e investigadora, el nuevo gobernador deberá establecer la transparencia como prioridad. Como en una enfermedad, “lo primero es reconocer el problema”, asegura, ya que el actual es un atolladero económico que a diferencia de otras coyunturas, “lo han generado, y se han esmerado. para Yunes será un dilema moral”.
INVESTIGAN A FUNCIONARIOS DUARTISTAS
La Procuraduría General de la República investiga a funcionarios del Catastro de Veracruz que “manipularon información y buscaron borrar rastros de propiedades y empresas ligadas a la red de presuntos prestanombres del Gobernador Javier Duarte”.
    Domingo Yorio Saqui, Director de Catastro del Gobierno estatal, mintió a la dependencia federal al negar la existencia del registro de propiedades de funcionarios estatales y así como la correspondiente a otra empresa vinculada a presuntos ilícitos. 
    El medio recordó que  Rafael Valverde, director del Registro Civil de Veracruz, renunció a su cargo el 15 de agosto, “luego de que se le pidiera manipular actas de defunción de personas involucradas con empresas fantasmas a través de las cuales se desviaron recursos públicos.
    También le solicitaron que modificara nombres y regímenes de sociedad conyugal de socios de empresas”.
DUARTE NO PODRÁ USAR IMPUESTOS DE EMPRESARIOS 
El Alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, dio a conocer ayer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le concedió la suspensión para evitar que el actual gobierno estatal destine los recursos del Impuesto del 3% a la Nómina al fideicomiso para el pago a proveedores.
    Esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación surte efectos generales, e impide que el gobierno del estado encabezado por Javier Duarte, destine los ingresos del 3 por ciento a la nómina al pago a proveedores del Anexo 1, así como para que se suspenda la creación de los fideicomisos irrevocables a través de los cuales se pretendería administrar los recursos provenientes de este impuesto.
    En conferencia de prensa, acompañado por los abogados Jorge Winckler y Rafael Escobar, el Alcalde Miguel Ángel Yunes Márquez detalló: “Con motivo del decreto aprobado por el Congreso Local para afectar los recursos del fideicomiso al 3 por ciento a la nómina, nosotros como ayuntamiento presentamos una controversia constitucional en contra de este decreto, y el día de hoy recibimos la notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se nos concede la suspensión”.
    Dijo que aunque es una suspensión que se otorga al Ayuntamiento de Boca del Río es de carácter general y se va aplicar para todo el estado.

 Desde que inició la administración del gobernador Javier Duarte “no hay indicador económico que no se haya deteriorado”
Desde que inició la administración del gobernador Javier Duarte “no hay indicador económico que no se haya deteriorado”