Detona violencia sexual, plan antimigrante de EPN

Angélica Jocelyn Soto Espinosa

México, DF., 29 de julio del 2015 (Cimacnoticias).- Más operativos y detenciones cada vez más agresivas a causa del Plan Frontera Sur amenazan los Derechos Humanos (DH) de mujeres migrantes centroamericanas en tránsito irregular por México, alertó la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem).
    En conferencia de prensa hoy en esta capital, más de 15 organizaciones civiles que integran la Redodem presentaron su informe anual “Migrantes invisibles, violencia intangible”, en el que registraron un aumento de los operativos contra personas migrantes, y más de 40 mil casos de violaciones a DH, 20 por ciento cometidos por agentes del Estado.
    Alonso Hernández, coordinador de esta Red, detalló que de enero a diciembre de 2014 se registraron 758 inspecciones de inmigración a nivel nacional solamente por elementos federales (sin considerar operativos locales); mientras que el Instituto Nacional de Migración (INM) realizó al menos 153 redadas en el tren de carga conocido como “La Bestia” –que sale de la frontera sur en dirección a los límites con Estados Unidos–, y se deportaron a 107 mil 199 personas centroamericanas, 47 por ciento más respecto a 2013.
    Los datos que reunieron las y los activistas señalan 40 mil incidencias de violaciones a DH durante 2014; entre las más frecuentes: el robo, la extorsión, las lesiones y el secuestro. Estos delitos fueron cometidos principalmente por el crimen organizado, seguido por particulares, y luego por agentes del Estado, entre ellos policías de los tres niveles de gobierno, el INM y el Ejército.
    La mayoría de las violaciones a DH se perpetraron en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. De acuerdo con el informe, las principales víctimas son las personas migrantes mayores de 15 años de edad, la mayoría provenientes de Honduras.
    En el reporte se precisa que cada casa y refugio que integra la Redodem en todo el país contribuyó a construir una base de datos de 31 mil 894 personas que fueron atendidas en 2014, de las que sólo 8.5 por ciento eran mujeres.
    Al respecto, Rita Robles, del Servicio Jesuita a Migrantes México e integrante de la Redodem, explicó que ha sido “muy complicado” determinar los delitos particulares contra la población femenina, porque “les cuesta más trabajo hablar sobre eso”; no obstante, es muy probable –aclaró– que ellas sean las principales víctimas de abuso y violencia sexual, que en la base de datos tuvieron 4 por ciento de incidencia.
    Las y los activistas aseguraron que estos operativos y las detenciones se han vuelto más agresivas contra la población migrante a partir de la puesta en acción del Plan Frontera Sur, que presentó el Ejecutivo federal en julio de 2014.
    Detallaron que para el segundo semestre del año pasado el número de personas que llegaron a los refugios tuvo una disminución de 10 por ciento, en comparación con el primer semestre de 2014.
    No obstante, las y los integrantes de la Redodem observaron que esta disminución no quiere decir necesariamente que el fenómeno migratorio se está disuadiendo, sino que las y los migrantes están buscando otras rutas de tránsito que las somete a mayor vulnerabilidad, porque pone en riesgo su integridad física y mental.
    La Red señaló que si bien el objetivo del Plan Frontera Sur es la protección de las personas migrantes, en realidad se están implementando acciones con una “fuerte carga” para criminalizarlas y que tienen el propósito de erradicar la migración.
    Las organizaciones civiles criticaron también que el Programa Especial de Migración (PEM) –en el que participaron activistas en su elaboración y contiene líneas de acción específicas para proteger a las mujeres migrantes– no operó durante todo 2014.
    Además, observaron que el Plan Frontera Sur revictimiza a la población migrante, la cual huye de su país de origen por la violencia y por la persecución del crimen organizado.
    Las y los activistas llamaron al gobierno mexicano a detener la “cacería humana de población migrante”, ya que está convirtiendo al país en una “gran muralla de contención de migrantes” a fin de impedir que crucen la frontera hacia EU.