Garantiza PRI-PAN y PRD impunidad de Peña Nieto

MÉXICO, D.F., 25 de febrero.- Las tres principales fuerzas de la Cámara de Diputados, PRI, PAN y PRD, “sepultaron” la posibilidad de acusar administrativa o penalmente por “conflicto de interés”, tráfico de influencias” o “corrupción” al presidente de la República.
    En su último borrador sobre el Sistema Nacional Anticorrupción que se discute entre los partidos mencionados, no se incluyó la propuesta del PRD respaldada por el PAN de poder acusar al titular del Ejecutivo federal por “conflicto de interés”.
    Lo anterior implicaría, por ejemplo, que si un ciudadano interpone una acusación contra Enrique Peña Nieto por el delito de “tráfico de influencias”, “conflicto de interés” o “corrupción” derivado del proceso de adquisición de la casa de Sierra Gorda 150, inmueble que facilitó el proveedor gubernamental Armando Hinojosa Cantú a Angélica Rivera, no procedería la queja.
    En el artículo 108 de la Constitución se prevé acusar al Ejecutivo por “traición al a patria” y “delitos graves del orden común”; en su propuesta, el PRD también pidió que le acusara por “conflicto de interés”, propuesta que en un primer momento respaldo el PAN.
    Sin embargo, en el penúltimo documento ambos partidos dieron marcha atrás y el PRD modificó su propuesta de “conflicto de interés” por el delito de “corrupción”.
    Finalmente, ninguna propuesta pasó el último filtro y el artículo quedó inamovible. Se espera que así quede en el dictamen que  se avalará el pleno de la Comisión de Puntos Constitucionales
    Miguel Alonso Raya, coordinador del PRD, señaló que el conflicto de interés “tiene que precisarse y definirse”. Decir “qué se entiende como tal en el marco del dictamen”.
    La vicepresidenta de la Cámara de Diputados e integrante del PRD, pero de corriente política distinta a su coordinador, Aleida Alavez Ruiz, cuestionó el dictamen, pues “se deja a la interpretación de los órganos supervisores la definición de lo que es la corrupción”.
    “La corrupción no se elimina por decreto”, acotó para demandar que se defina el concepto de corrupción con el fin de que exista claridad al momento de fincar responsabilidades y combatir conductas corruptas sin dejar recovecos para la impunidad”.
    En torno a los acuerdos últimos destaca el consenso para que las “participaciones federales” que se entregan cada año a los gobiernos de los estados sí puedan ser escudriñadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)