Lost (desaparecidos)

@UTufigno

Hace diez años comenzó a transmitirse por la televisión la serie “Lost”, en cuya trama –repleta de nombres de científicos y filósofos- lo mismo hay viajes en el tiempo que conexiones metafísicas entre los distintos personajes que hacen diferencia con otras series pues no hay propiamente un personaje central. A medida que avanzan los capítulos, cada uno se vuelve protagonista de la historia y empiezan a complicarse las relaciones interpersonales. Y todo esto ocurre porque el avión en el que viajaban –que no era el presidencial- cae en una isla olvidada del tiempo y del espacio.
    Estado de Guerrero, México. Agosto de 1974. Rosendo Radilla realizaba un viaje junto con uno de sus hijos -de apenas 11 años de edad- en un autobús que iba de Atoyac de Álvarez con dirección a Chilpancingo. En el trayecto, en horas de la mañana, el autobús fue detenido en un retén militar y elementos del Ejército bajaron a todos los pasajeros para catearlos. Los pasajeros abordaron nuevamente el autobús y continuaron su trayecto. Después el autobús se detuvo en otro retén militar, donde hubo una nueva inspección. En esta ocasión el militar al mando detuvo a Rosendo Radilla quien le preguntó al militar de qué se le acusaba y éste le contestó: “la razón es porque compones corridos”. Antes de su desaparición, como muchos otros, Rosendo Radilla era un activista social en su pueblo natal.
    La relevancia histórica y jurídica que ha tenido el caso Rosendo Radilla deriva del hecho de ser el primer caso mexicano de desaparición forzada en ser elevado a una instancia de derecho internacional, delito que es distinto al secuestro ya que la desaparición forzada es cometida por agentes del Estado y es imprescriptible en tanto no se ubique al sujeto desaparecido o se hallen sus restos. Pero la desaparición de Rosendo Radilla no puede entenderse sin el contexto histórico y político que se vivía en México en esa época, época que ha regresado con la intención de superarse a sí misma.
    Guerrero era y es un estado vigilado constantemente por cuerpos regulares e irregulares de los gobiernos federal y estatal debido al activismo que ahí se ha presentado históricamente, mismo que en ocasiones se ha traducido en la formación de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez -que también fueron maestros-, pero también en el fortalecimiento de organizaciones armadas con mayor capacidad de fuego como el EPR y el ERPI.
    Los distintos gobiernos, necios como son, siempre han pretendido culpar a la escuela normal de Ayotzinapa de la formación de maestros aptos para integrarse a los grupos guerrilleros, cuando la realidad es que las condiciones de pobreza, discriminación y desigualdad son las verdaderas semillas de la inconformidad social, y si ésta llega hasta el empleo de las armas es por lo menos por dos motivos: uno, porque llegaron al límite de la desesperanza; y dos, porque nada tienen que perder porque nada tienen. Por eso los gobiernos se sienten en una encrucijada de difícil solución. Y lo peor para ellos es que al paso de los días el escenario se complica ante la aparición de nuevas fosas clandestinas con decenas de cadáveres de quién sabe quién, como si esos cuerpos no tuvieran el derecho a ser llorados por sus familiares.   
Cuarenta años después de la desaparición forzada de Rosendo Radilla vuelve a repetirse la historia en el mismo estado, pero en lugar de ser una sola persona, terriblemente ahora son 43, como si a cada año transcurrido desde entonces le correspondiera agregar un desaparecido. Sin embargo, con el transcurso de los años el caso de Rosendo Radilla fue el detonante que necesitaba el Estado mexicano para abrirse a una de las pocas ventajas que representa la globalización: la incorporación de los derechos humanos en su sistema jurídico. Esto, por supuesto, no fue una cortesía de las instituciones del Estado, sino más bien fue consecuencia de la presión internacional y de la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2009 que condenó por unanimidad al Estado mexicano. Hace apenas cinco años. Pero aquí no hay autoridad que se dé por aludida ni que acepte su incapacidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos.