Son mayores de edad pero seguían ilegalmente recluidas en la casa-hogar…

Villahermosa, Tab., 03 de mayo.- Diez años después que sin ningún fundamento legal fueron separadas de su madre, declaradas “niñas DIF”, casi dadas en adopción a una pareja de italianos, confinadas en la Casa Hogar, incomunicadas de sus familiares, retenidas ilegalmente por ser mayores de edad, e incluso sometidas a juicio de perdida de patria potestad, dos mujeres, tabasqueñas, de 20 y 19 años de edad acaban –apenas- de recobrar su libertad.
    Para ello, una tuvo que “escapar” el pasado 20 de abril de la Casa Hogar. Apersonarse al Juzgado Segundo Familiar y hacer valer su mayoría de edad a la vez que denunció que su hermana menor aún permanecía retenida contra su voluntad. Sólo así pudieron ser libres ellas, quedando aun la más pequeña de las tres (de 14 años de edad) bajo el “resguardo” del centro asistencial.
    La triste historia comienza en junio de 2006 cuando la Asociación Civil “Aldea por los Niños” acusó, sin prueba alguna, de abuso sexual y otros delitos a la pareja de la madre de las entonces menores. Aunque nunca ratificaron la denuncia, ésta bastó para que el 29 de ese mes y año el Ministerio Público del CAMVI acordase el resguardo de las tres niñas y la separación de su progenitora, humilde lavandera, analfabeta, que no pudo defenderse jurídicamente de la arbitrariedad de los funcionarios estatales que además de prohibirle toda comunicación con las menores, también la acusaron a ella de “omisión de cuidado” y la amenazaron con cárcel.
    A los seis meses de internamiento “y por el abandono de sus familiares”, la directora de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, en aquel tiempo, Yolidabey Alvarado de la Cruz las declaró “niñas DIF“ omitiendo en sus actas de nacimiento los datos del padre y de la madre.
    En los gobiernos de Manuel Gurria, Roberto Madrazo y Manuel Andrade fueron frecuentes estas prácticas ilegales que desintegraron varios hogares con el objeto de poner en disponibilidad de adopción “internacional” a los menores. Los brazos ejecutores para exportar niños fueron el DIF y el CAMVI.
    En el sexenio de Andrés Granier la pesadilla continuo, ante la factibilidad que las tres menores fueran dadas en adopción a una pareja de europeos que se las llevarían a Italia, la madre tuvo que interponer el amparo 751/2008-III-G ante el juzgado Tercero de Distrito y posteriormente el Recurso de Revisión que finalmente le concedió la protección de la justicia federal que evito el destierro de las menores, pero no la devolución de éstas que siguieron bajo el resguardo “temporal” del DIF.
    En 2012, esa institución para evitar la entrega de las menores promovió el Juicio de Perdida de la Patria Potestad en contra de la madre con el número 573/2012 ante el Juez Segundo Familiar Jorge Guadalupe Jiménez López quien radicó el procedimiento interpuesto por un particular (Walter Horacio Zapata Garrido).
    Aun cuando se hizo ver desde la contestación tal irregularidad y que dos de las tres niñas ya estaban próximas a ser mayores de edad y que además todas deberían ser escuchadas, la diligencia respectiva se demoró más de un año. Las representantes del organismo alegaron que la madre no tenía capacidad económica para hacerse cargo de ellas pero se logró que ésta pudiera convivir con las hijas una vez por semana.
    Ante la lentitud judicial, extrema al grado que para resolver la falta de personalidad de quienes se ostentaban representantes del DIF se tardó otro año, la mayor de las “niñas DIF” ahora de 20 años se huyó de la Casa Hogar junto con otra fémina de igual edad del municipio de Comalcalco. Acudió al Juez Familiar Norma Alicia Cruz Olán y denunció que su hermana estaba indebidamente recluida y narró que otros casos de mayores de edad que han sido prácticamente confinados a la fuerza.
    Agobiadas por la terrible experiencia y el desgaste de haber frustrado la adopción internacional la madre y sus mayores hijas descartan denunciar la privación ilegal y otros delitos de los que fueron objeto los integrantes de esta familia, aun cuando las responsables estén perfectamente identificados y continúan en las nóminas estatales.
    Sin el examen médico pertinente el mismo 22 de abril de 2016 el DIF entregó a la madre a la chica de 19 años “bajo su responsabilidad”. Y en el juzgado Segundo Familiar determinaron seguir el juicio únicamente en cuanto a la menor de 14 años de edad…pese a que ahora ya tiene otros familiares próximos diferentes a la madre que deben ser considerados, por ley, como depositarios de la guarda y custodia de la menor de las tres “hermanitas DIF”.