Urgen cambio de política, no del gabinete de Peña

México, DF., 30 de agosto.- Organizaciones campesinas aglutinadas en el movimiento El Campo es de Todos calificaron los reacomodos en el Gabinete del Presidente Enrique Peña como cambios cosméticos, y lamentaron la ausencia de una crítica acerca de la política agropecuaria.
    “No estamos empatando un proyecto de nación donde se integre a los campesinos. Ése es el problema de fondo. Aunque haya cambios, aunque veamos nuevos rostros en las Secretarías, aunque las Secretarías cambien de nombre y se modernicen”, criticó Luis Gómez Garay, de la Unión General Obrera Campesina y Popular.
    Señaló que no existen estrategias de inclusión para el desarrollo de los pequeños productores con menos de 20 hectáreas, pese a que este segmento constituye el 80 por ciento de los agricultores del País.
    Afirmó que la política social hacia el sector rural es asistencialista, por lo que, hasta que esto no se modifique, no encontrarán los mecanismos para integrar a los campesinos al desarrollo nacional.
“Mientras no tengamos cambios sustanciales en la política de fomento a la producción, mientras no encontremos cambios sustanciales en las estrategias de inclusión para los pequeños productores, (...) evidentemente los resultados van a seguir siendo estos”, dijo Gómez Garay en rueda de prensa.
    Milo Montiel Romo, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, dijo que están preocupados al constatar que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), encabezada ahora por Rosario Robles, se ha vuelto la dependencia adonde son enviados los funcionarios cansados.
    Antes de Robles estuvo el ex Procurador Jesús Murillo Karam, y anterior a eso el ahora diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.
    “Del nuevo Secretario de Sagarpa, se había trabajado con todas las organizaciones con el ex Secretario (Enrique) Martínez y Martínez. Esperamos que el nuevo Secretario (José Calzada) cumpla todos los procesos que tenía medio avanzados el Secretario Martínez”, confió Montiel.
    “Todos los cambios anunciados a fines de esta semana por el Presidente son cambios que lo único que hacen es ratificar sus acuerdos al interior de los grupos con el PRI”, consideró.
    Ante el panorama, Francisco Jiménez Pablo, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional, advirtió sobre un incremento de violaciones a los derechos humanos como consecuencia de las reformas estructurales, y denunció la falta de armonización de las leyes nacionales a los tratados suscritos con la comunidad internacional.
    Denunció que, desde el 23 de julio del año pasado a la fecha, han sido encarcelados 80 luchadores sociales acusados de delitos graves del fuero común, como el secuestro y el homicidio, e indicó que han contabilizado 150 conflictos sociales en el marco de despojos a comunidades indígenas y campesinas de sus territorios.“Estas reformas han sido prácticamente para garantizar que las tierras pasen a mano y uso de las compañías trasnacionales”, acusó.Además denunció que, al día de hoy, el Gobierno no ha emitido la ley de consulta a las comunidades indígenas, pese a que está obligado a hacerlo al haber suscrito el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).