• La Verdad del Sureste |
  • Miércoles 22 de Noviembre de 2017

ABERRANTES CONTRASENTIDOS


EMMANUEL RUIZ SUBIAUR



El Gregueriano: “Hace más daño el rebuzno de un sujeto con poder que un millar de guerrilleros desde la crítica.”
    En la sesión del 19 de octubre de 2016, la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió el amparo en revisión 208/2016, concluyendo que el orden de los apellidos de los hijos lo puede determinar de mutuo acuerdo el padre y la madre.
    ¿Puede decirse que los padres tienen el derecho de nombrar a sus hijos sin injerencias arbitrarias del Estado? Sí. ¿Este derecho no sólo implica el elegir el nombre personal de sus hijos (nombre de pila), sino establecer el orden de sus apellidos? NO. Esto es así porque el derecho del menor y de todo ser humano al nombre atiende a la protección de la filiación, la cual constituye un derecho del hijo y no una facultad de los padres; la filiación jurídica ha de coincidir con la filiación biológica.
    El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha entendido que el derecho a la vida privada y familiar protege el derecho de los padres a elegir el nombre de sus hijos. Así, en el caso Cusan et Fazzo versus Italie, el Tribunal Europeo determinó que la potestad de los padres de escoger el nombre (de pila) de su hija era un acto protegido por el derecho a la protección de la vida privada y familiar. Lo anterior en razón de que éste sirve como medio de identificación personal y de relación con una familia. Nunca afirma el Tribunal que también los padres tengan el derecho a imponer el orden de los apellidos.
    Cabe destacar que el Tribunal advirtió que la imposibilidad de pactar en contra de lo previsto por la norma –respecto a imponer otro orden en los apellidos que son la especificidad del nombre propio- hacía excesivamente rígida y discriminatoria en contra de la mujer.
    Esto resulta cierto en los casos en donde la norma estableciese, como en el caso de Tabasco, que los apellidos que ha de contener el nombre sean los apellidos paternos –que son los apellidos paternos del padre del menor y de la madre del menor) y no estableciese que el nombre del menor fuese seguido de los apellidos paternos y maternos.
    La discriminación podría darse si se excluyese el derecho de la madre a poner sus apellidos en cualquier lugar del orden después del nombre.
    ¿Qué hay detrás de esta sentencia aberrante de las Ministros de la Corte a autorizar poner el orden inverso a los apellidos?: la decisión pro su desviación de la cúpula de gobernantes que practican y están inmersos en el homosexualismo político. Al extremo que por medio de esta sentencia de la Sala, el orden de los apellidos impuesto por las Ministros de la Corte contraviene el derecho a la igualdad y no discriminación de las parejas heterosexuales con respecto de las parejas homosexuales.
    Con fundamente o esta aberrante y sin sentido sentencia las parejas homosexuales si pueden escoger el orden de los apellidos que llevaran “sus hijos”, mientras que las parejas heterosexuales quedan obligadas por el orden previsto por el Código Civil (apellido paterno primero). Por lógica, nunca un varón podrá ser madre –nunca logrará ser mujer- o una mujer podrá ser padre -nunca podrá ser varón-, pero con esta aberrante sentencia le podrán imponer no sólo el nombre de pila al menor sino también los apellidos de la madre del “padre” o de la “madre” homosexual o del padre del “padre” o de la “madre” homosexual.
    El Código Civil contiene el derecho de los niños a recibir un nombre, pero también el de los padres a poner sus apellidos a sus descendientes. Pero el orden en que han de asentarse esos apellidos y si serán los maternos o paternos del padre o los maternos y paternos de la madre, es sólo potestad del Estado por medio de la ley. De no ser así, cualquiera podría asistir a asentar a un menor y ponerle los apellidos de quien desease, fuesen o no sus progenitores. El Estado Civil de las personas lo determina el Estado.
    Sí la norma debe 1) tener un fin constitucionalmente imperioso; 2) estar totalmente encaminada a la consecución de dicha finalidad; y 3) ser la menos restrictiva para alcanzar la finalidad que se persigue, entonces, el establecer un orden en los apellidos a asentar tiene un fin constitucionalmente imperioso: la protección del derecho humano al nombre y el interés superior del menor; está encaminado a conseguir el fin previsto y es lo menos restrictiva posible –al menos no prohíbe que las madres puedan poner sus apellidos (aun sean los de sus padres) seguidos del nombre-.
    La sentencia de la Sala es una aberración jurídica y lógica; es un contrasentido de quienes forman parte de la cúpula del homosexualismo político.