Acusan al edil de Cárdenas en PGR

VILLAHERMOSA, TABASCO. 29 DE JULIO DE 2014. El alcalde de Cárdenas, Avenamar Pérez Acosta, fue demandado por el Partido Acción Nacional (PAN) y un grupo de ciudadanos ante las procuradurías generales de la República (PGR) y de Justicia (PGJ) del estado por presuntos actos de corrupción.
    El año pasado, Pérez Acosta fue acusado en la PGJ de abusar sexualmente de una menor de siete años, con la complicidad de la madre Ana Laura de la Cruz y su abuela materna, de acuerdo a lo dicho por el padre de la niña, Israel Zurita García.
    El padre ha venido denunciando que su ex esposa Laura de la Cruz ahora es pareja de Pérez Acosta. Presentó la denuncia por los presuntos abusos del edil contra su hija, la cual quedó asentada en la averiguación previa AP-CAR-IV-446/2013, sin que hasta ahora haya procedido.
    Las denuncias presentadas por el diputado local panista Francisco Castillo Ramírez, y el grupo Autodefensas Ciudadanas de Cárdenas contra el edil de militancia perredista es por los presuntos delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, coalición de servidores públicos y algunos más.
    El panista presentó documentos sobre la forma en que el ayuntamiento de Cárdenas benefició a empresas de tres diferentes personas de una misma familia con la adquisición de uniformes para policías y otros artículos a precios inflados.
    Los beneficiarios con contratos por más de 50 millones de pesos son Constantino Izquierdo Broca, su cuñada Silvia Pérez Hernández y su tía Carmen Palma Ramírez, señaló.
    Refirió que después del triunfo de Pérez Acosta en las elecciones del 1 de julio de 2012, estas empresas cambiaron sus giros para beneficiarse con contratos en la administración municipal del médico.
    El negocio de Izquierdo Broca pasó de ser una imprenta a una empresa de construcción de inmuebles y servicios de todo tipo, y el de Pérez Hernández pasó de ser una empresa vendedora de llantas a proveedora de telas y uniformes de policías, señaló.
    Ejemplificó que obtuvo dos contratos, uno por dos millones 024 mil pesos y otro por 999 mil pesos por la venta de camisas para policías y telas, las cuales se entregan a los elementos para que manden a hacer sus pantalones del uniforme.
    De acuerdo a los documentos presentados por el panista, el ayuntamiento adquirió en cien mil pesos cada metro de tela, en 850 pesos cada camisa y en 690 pesos cada par de botas, y son de mala calidad.
    El representante panista dijo que la demanda en la PGR se debe a que para las compras a precios inflados se usaron recursos federales del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun).
    Se demandó a Pérez Acosta y al director de Administración del ayuntamiento, Abraham Rosique, debido a que son quienes firmaron los contratos, puntualizó.