Afirma la Arquidiócesis Sin voluntad clase política para acabar la corrupción

Ciudad de México, 23 julio 2017.- Una de las promesas del Presidente Enrique Peña Nieto al iniciar su gestión fue acabar con la corrupción, sin embargo, la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) pone en entredicho la voluntad de la clase política por acabar con este flagelo que permea y asfixia la vida pública del país en todos los niveles, aseguró la Arquidiócesis de México.
    “¿De qué sirven las buenas intenciones si seguimos siendo diezmados por la corrupción?
    El sistema nace sin la voluntad de la clase política. ¿Por qué la clase política se resiste a terminar con la corrupción? ¿Será porque ésta se ha convertido en su motor?”, destacó la Iglesia católica en su editorial dominical Desde la Fe. En mayo de 2015 se promulgó
    la reforma de diversas disposiciones constitucionales sobre el combate a la corrupción y se ordenó la estructuración de una legislación que reglamentara el sistema nacional.
    Sin embargo, el conjunto de leyes que el Congreso de la Unión estaba obligado a conformar pasaron por resistencias de la clase política y el pasado 19 de julio, entró en vigor el SNA sin fiscal anticorrupción, sin magistrados para el tribunal, y sin avances en los congresos locales para armonizar sus legislaciones.
    El Episcopado mexicano recordó que la designación del fiscal anticorrupción tuvo una pasarela de candidatos que, al final, conformó una lista que está en el cajón legislativo.
    “Igualmente, los senadores han dilatado la designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa para la integración de las salas especializadas.
    La falta y violación a los mismos términos impuestos sólo se salva por los argumentos vacíos de los responsables por corregir sus mismas reglas a través de acuerdos, en franca contravención a lo establecido en la Constitución”, indicó la Arquidiócesis.
    A esto se suma, añadió la Iglesia católica, la implementación del sistema en cada una de las entidades del país.
    “Al momento de su entrada en vigor, de acuerdo con el semáforo anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, sólo 14 estados tenían reformas constitucionales satisfactorias: Baja California Sur y Veracruz reportaban estar listos al 100 por ciento para echar a andar sus sistemas. Destacan los casos de la Ciudad de México, con una reforma más bien regular, y de Campeche, Chihuahua y Tabasco, en focos rojos porque sus congresos ni siquiera han intentado una discusión al respecto”, detalló la iglesia en su editorial titulada “Corrupción y negligencia”.
    El pasado 17 de julio, más de 30 organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos advirtieron que, pese a las resistencias mostradas por “grupos políticos y funcionarios que se oponen al cambio”, la ciudadanía seguirá empujando para la concreción del sistema.
    “Y aquí estamos; convencidos de que la exigencia social logrará terminar con la simulación y traerá una transformación profunda de nuestras instituciones públicas y vicios privados”, indicó el posicionamiento de las organizaciones, leído por el actor Diego Luna durante un acto público en la librería Rosario Castellanos.
    En el texto, las organizaciones aludieron a los ataque “sin fundamento” que recibió el proceso de selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, cuyo presidente –la socióloga y politóloga Jaqueline Peschard– ocupará la única posición ajena a alguna institución política dentro del SNA y que, al mismo tiempo, lo encabezará.
    “Hay grupos de políticos y funcionarios que se oponen al cambio, y otros que son incapaces de construir de la mano de la ciudadanía a la que dicen servir o representar. Queremos vivir en un país justo y libre de corrupción”, puntualizó el comunicado.