• La Verdad del Sureste |
  • Jueves 28 de Marzo de 2024

¿Caso cerrado?


Por Uriel Tufiño



@UTufigno

Una semana después del asesinato de John F. Kennedy, el beneficiario directo de la muerte del joven mandatario norteamericano, Lyndon B. Johnson, instruyó la creación de una comisión que investigara el homicidio de Kennedy. Dicha comisión -conocida como la “Comisión Warren”- emitió sus conclusiones finales diez meses después de haber sido constituida y determinó, entre otras cosas, que la “verdad histórica” era que –al igual que Mario Aburto- Lee Harvey Oswald había sido el asesino solitario que de tres balazos certeros privó de la vida al Presidente de los Estados Unidos, pero Oswald tenía tan buena puntería que una misma bala hizo blanco en Kennedy y en el gobernador de Texas que lo acompañaba en el auto descapotado.
    Esta última circunstancia, “la bala mágica”, fue la que más suspicacias despertó en torno al asesinato de Kennedy pues la trayectoria que se describe de la misma casi le da vida propia para elegir sus movimientos: primero atravesó el cuello del presidente, luego el pecho y la muñeca del gobernador, y terminó sus andanzas en el muslo de éste.         Pero si la trayectoria les parece un poco de ciencia ficción, vean las barreras que la “bala mágica” superó en su camino: para terminar alojada en el muslo del gobernador, la bala perforó 15 capas de ropa, el nudo de la corbata, 15 pulgadas de tejido humano y 4 pulgadas de costillas. Por supuesto, expertos peritos apoyaron las conclusiones de la Comisión y, como si hubieran escuchado a Peña, dijeron que “no podían quedar atrapados” en Texas.
    Pero, pregunto yo: ¿por qué la “Comisión Warren” no se ahorró tanto trabajo y contrató desde los inicios de la investigación a Jesús Murillo Karam? Éste, el infatigable procurador, rápidamente hubiera concluido que Kennedy buscó ser asesinado por una mafia creada por él mismo a fin de propiciar la guerra nuclear que había evitado un año antes. Y, eficiente como es, Murillo hubiera aportado al menos un millar de testimonios que robustecieran sus lógicas afirmaciones; es más, seguramente hubiera encontrado a testigos que dijeran que vieron a Kennedy comprando las armas con las que lo asesinaron. Caso cerrado.
    En el caso de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, además de que la “verdad histórica” parece extraída de una película barata, hay al menos tres aspectos que son fundamentales para dudar de dicha “verdad”. El primero es la ausencia de un móvil que haga creíble la saña extrema con la que habrían sido asesinados los normalistas; no es la forma en la que habitualmente actúen los grupos del crimen organizado ya que éstos procuran dejar “mensajes” a sus rivales.
    Además, el hecho de que supuestamente iban a interrumpir un acto de la “primera dama” de Iguala, ¿es suficiente para cometer un crimen tan atroz? El segundo aspecto es de naturaleza científica: investigadores han concluido que la incineración de los cuerpos no pudo llevarse a cabo de la forma en la que dicen ni en el lugar en que ocurrió. Es notable que las conclusiones de los investigadores, apoyadas sobre bases científicas, no hayan sido refutadas por otros investigadores ni por la autoridad que dice haber investigado los hechos.
    El tercer aspecto relevante que pone en duda la “verdad histórica” es el giro que el procurador dio respecto del tipo de delito cometido en contra de los normalistas: la desaparición forzada pasó a ser un secuestro agravado y homicidio múltiple.     
    Este detalle no es menor ya que cualquier abogado penalista se sentiría complacido de defender a un acusado de homicidio sin que existan los restos identificables del asesinado. ¿Cometió un error la PGR? No lo creo, me parece que se trata de una maniobra deliberada que busca dejar en el ámbito interno del territorio nacional un delito “común”, sin que importe que pueda tropezar en los tribunales. ¿Y por qué lo hace? Por una razón muy sencilla: a diferencia del delito de homicidio, el delito de desaparición forzada es imprescriptible, pero además se considera un crimen de “lesa humanidad”, lo que significa que agravia a la humanidad en su conjunto. De esta manera, la desaparición forzada no solamente se ventilaría ante tribunales mexicanos, sino que eventualmente podría llegar a instancias internacionales. Esto es lo que quieren evitar.