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En el libro que el Li¬cenciado Enrique Peña Nieto publicó a fines de 2011 (bastante bien escrito, por cierto, comparado con la litera¬tura chatarra que suele abundar en épocas elec¬torales), en el capítulo 2 titulado Lograr una “de¬mocracia de resultados”, hay varias ideas, a mi jui¬cio certeras, de las cuales entresaco lo siguiente:
“Sin embargo, vi¬vir en democracia no es sólo lograr la igualdad ante las urnas, sino lograr una igualdad de oportuni¬dades ante la vida”. “Por ello, hoy, la cuestión cen¬tral es hacer que a través de la democracia se lo¬gren distribuir los frutos del desarrollo de manera más equitativa (subraya-do de ACM) y garantizar la universalidad de los de¬rechos constitucionales”.
Con el permiso del autor, me atrevo a insertar aquí mi propia reflexión sobre el asunto. De acuer¬do en que urge garantizar la universalidad de los derechos constituciona¬les, pues sin eso no puede construirse una sociedad más equitativa; pero, se¬gún el hilo de su propio discurso, lo verdadera¬mente inaplazable son los derechos que nos lleven a una “democracia de re¬sultados”, o sea, en térmi¬nos del propio autor, que nos permitan “distribuir los frutos del desarrollo de manera más equita¬tiva”. Planteada la cues¬tión en estos términos, la pregunta que se antoja natural sería: ¿existen ya esos derechos (algunos de ellos cuando menos) en nuestra Constitución y en las leyes que de ella se derivan, o hay que crear¬los todavía? Es decir, ¿es¬tamos frente a un proble¬ma legislativo o frente un problema de aplicación y respeto irrestrictos de ta¬les garantías por parte de quienes tienen el deber de hacerlo?
Desde mi punto de vista, existen ya hoy, en la legislación teóricamente vigente, algunos de los derechos básicos para lo¬grar una mejor distribu¬ción de la renta nacional, como son: el derecho al empleo, el derecho a un salario remunerador, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la sa¬lud y a una educación de calidad, el derecho a una política fiscal que distri¬buya equitativamente la carga tributaria entre los ciudadanos, entre otros. Y hay más. Nuestra ley de leyes estatuye con sufi¬ciente claridad derechos que resultan indispensa¬bles para que el ciudada¬no (y ciudadana) común y corriente pueda acortar la inmensa distancia, entre él y quienes lo gobiernan, en materia de arbitrios para hacer valer y respetar su voluntad, sus intereses y las funciones que la ley le asigna. Tal inmensa dis¬tancia demanda que el hombre de la calle dispon¬ga de medios legales para hacer crecer su estatura política hasta lograr hacer¬se oír del poderoso cuando reclama respeto y cum¬plimiento a sus garantías, en primer término las que conducen a la igualdad de oportunidades y al reparto equitativo de la renta na¬cional. Me refiero a los de¬rechos de agrupación, de organización, de petición y de manifestación pública.
Y si así es, la si¬guiente pregunta es: ¿por qué no tenemos todavía una democracia de resulta-dos? Sencillamente porque ningún gobernante, hasta hoy, sin distinción de nivel de gobierno, partido o car¬go público, se ha molesta¬do en serio por aplicar, res¬petar y hacer respetar, los derechos sociales a que me he referido antes. Es decir, que si yo entiendo bien el texto del licenciado Peña Nieto, no estamos ante un problema legislativo sino ante un problema de in-cumplimiento de la ley por parte de quienes han jura¬do cumplirla; ante un pro¬blema de falta de compro¬miso vital con el contenido profundo de la democracia y no sólo con la forma, bue¬na sólo para los discursos. Y en este hecho se revela todo el inmenso daño que hacen a la paz y a la esta¬bilidad sociales quienes no respetan el precario siste¬ma de pesos y contrapesos que dicta la Constitución a través de derechos como el de organización y ma¬nifestación pública. La tre¬menda desigualdad social en que vivimos es fruto directo del desbalance de fuerzas entre gobernante y gobernados, pues para el primero todo el poder y los recursos; para el segundo ni siquiera el así llamado burlonamente “derecho al pataleo”.
Doy dos elementos de prueba. Al menor in¬dicio de protesta pública de Antorcha Campesina, se desata en su contra un chaparrón insoportable de injurias, tergiversaciones, calumnias descaradas e imputaciones grotescas, exigiendo cárcel y casi el pelotón de fusilamiento para los líderes, por parte de salivosos locutores que no son sino la boca de gan¬so de sus poderosos amos. Se trata de sofocar a toda costa el derecho a la pro¬testa social, un derecho cuyo carácter constitucio¬nal nadie se atreve a negar. Y no hay, ni ha habido ja¬más, una sola voz honrada, de los propios medios, de la burocracia gobernante, de los partidos o del poder ju-dicial, que haya protestado por ese ataque a la Carta Magna y que haya defen¬dido, no a los antorchistas, que eso sería mucho pedir, sino los derechos constitu¬cionales de reunión, orga-nización y manifestación pública. Ítem más: ahora mismo, mientras escribo estas líneas, los antorchis¬tas de Sinaloa cumplen 40 días plantados frente a las oficinas del gobernador Mario López Valdés; los de Tamaulipas, 42 días frente a las oficinas de Egidio To¬rre Cantú; los de Hidalgo, 35 días frente a las oficinas de Francisco Olvera Ruíz y los de Baja California Sur, 27 días frente al gobier¬no de aquel estado. Todos solicitan una solución jus¬ticiera a carencias lace¬rantes y ofensivas para el país entero, nacidas, preci¬samente, de la ausencia de una “democracia de resul¬tados”.
La respuesta en to¬dos los casos es la misma: arrogancia, prepotencia y menosprecio expresa-do en forma de: “ni los veo ni los oigo”. A eso se suma la burla sádica: mi gobierno es respetuoso del derecho a la mani¬festación pública, dicen todos, prueba de ello es que “esos señores” lle¬van tantos días en plan¬tón y nadie los ha moles¬tado. ¿Es así como hay que respetar los dere¬chos ciudadanos? ¿Esos derechos son para que el pueblo se haga vie¬jo en sus demandas sin ningún resultado? ¿El sentido común no dice a esos gobernadores que respetar el derecho de protesta es, precisamen¬te, atender y resolver las demandas de quienes protestan? Se burlan. Pero a buen seguro que no se dan cuenta que no de Antorcha, sino de la Constitución y de la “de¬mocracia de resultados”. Por eso termino con otra cita del mismo libro y con una ingenua pre¬gunta a su autor. La cita dice así:
“En México, la desilusión con la demo¬cracia es preocupante. De acuerdo con la en¬cuesta Latinobarómetro 2010, nuestro país tiene el nivel más bajo de sa¬tisfacción con esta forma de gobierno en América Latina (Tabla 1). Única¬mente 27% de los mexi¬canos se dice satisfecho con la democracia, mien¬tras que el promedio de satisfacción de la región es de 44%”. Y así es. No hay democracia que val¬ga, en efecto, si no da qué comer y qué vestir a sus ciudadanos. Pregun¬ta: ¿es muy prematuro, señor Presidente electo, hacer saber esto a los gobernadores que cito, que con toda seguridad no han leído su libro? Pienso que sería oportu¬no dar al país el mensaje de que la “democracia de resultados”, esta vez, sí va en serio.

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