El daño por corrupción crece, y los políticos exhiben su desdén por la Ley que la combate

Ciudad de México, abril 25 de 2015.– En la misma semana en que se aprobaron los cambios que darán pie al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en México, diversas organizaciones civiles presentaron con estudios y cifras el daño que la corrupción está generando en el país, debido a la opacidad y la falta de transparencia en la rendición de las cuentas públicas. También, en este marco, políticos encumbrados pusieron de manifiesto su indiferencia para combatir ese mal.
    Los recientes escándalos políticos como el la “casa blanca” de la Primera Dama Angélica Rivera Hurtado, o la residencia de Malinalco de Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público, o los contratos del Gobierno federal con Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, obligaron al Presidente Enrique Peña Nieto a poner en la mesa acciones contra la corrupción, con el objetivo de mejorar su imagen pues, de acuerdo encuestas recientes difundidas en los medios de comunicación, ésta va en caída.
    Académicos, iniciativa privada y organizaciones civiles consideran que el principal problema en México es la corrupción. Sin embargo, en una escena reveladora, el día que se discutía la Ley Anticorrupción en la Cámara Alta, uno de los personajes más polémicos del país Carlos Romero Deschamps, Senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), ojeaba un catálogo de yates. Lo que especialistas en transparencia ponen como ejemplo del poco interés de la clase política por ese mal que aqueja al país.
    Tras dos años de discusión en ambas cámaras del Congreso, el pasado 21 de abril los senadores aprobaron con 98 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, cambios a 14 artículos de la Constitución para crear el Sistema Nacional Anticorrupción.
    El Congreso de la Unión tendrá un año como plazo para crear la legislación secundaria de dicho sistema. El reloj empezará su marcha una vez que la mayoría de las legislaturas estatales hayan dado su aval a la reforma constitucional y el Presidente Enrique Peña Nieto la publique en el Diario Oficial de la Federación.
    Esto significa que le corresponderá a los diputados electos el próximo 7 de junio y que integrarán la próxima Legislatura, generar las reglas que den viabilidad a la reforma constitucional con el propósito de poner fin a la impunidad en México.
    Organizaciones de la sociedad civil como Fundar, México Evalúa, la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), entre otras, han avalado el Sistema Nacional Anticorrupción aprobado por el Congreso, principalmente porque contiene tres ejes fundamentales: prevención, investigación y sanción.
    Pero también reconocen que se trata de una reforma “incompleta”, sobre todo en el tema del fuero: no toca al Presidente de la República, a los legisladores, a los gobernadores ni a los presidentes municipales.
    La corrupción le cuesta al país aproximadamente el 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
    De acuerdo con datos de Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 103 de 175 países en el índice de transparencia. Los niveles de corrupción de nuestro país son equiparables a los de países como Bolivia, Moldavia y Níger.
    A nivel América Latina, México se encuentra por debajo de sus principales socios y competidores económicos; 82 posiciones por debajo de Chile y 34 de Brasil. Además México es el país de la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el mayor índice de corrupción.
    Y en más cifras, el Índice Global de Impunidad 2015 colocó a México en el lugar 58 en un ranking de 59 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sólo superado por Filipinas.
    Pese a ello, esta semana la clase política, acusada de ser la principal generadora de corrupción en el país, se colocó en el ojo público con dos hechos que resumen su preocupación para tratar de abatir este mal en México, donde el 97 por ciento de los delitos de corrupción quedan en la impunidad, de acuerdo con organizaciones.
    El primer caso ocurrió durante la misma discusión de la Ley Anticorrupción.
    El Senador priista Carlos Romero Deschamps fue captado ojeando un catálogo de yates. La imagen fue ampliamente difundida por usuarios de las redes sociales junto a mensajes que cuestionaron las “prioridades” del líder petrolero.
    Romero Deschamps posee un yate, en el cual fue visto llegando en Isla Mujeres, Quintana Roo, en septiembre pasado, de acuerdo con reportes difundidos en la prensa. “El Indomable”, como fue bautizado su yate, está valuado en más de 1.5 millones de dólares.
    El otro hecho se dio dos días después de aprobada la legislación, cuando Javier Lozano Alarcón, Senador del Partido Acción Nacional (PAN), celebraba al lado de su hermano Gerardo, del ex Presidente español José María Aznar, del ex Embajador estadounidense Jeffrey Davidow y de Gerardo Luis Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la fusión de las firmas DLA Piper y Gallástegui y Lozano.
    Horas antes, en un salón del Hotel Four Season, los socios de la alianza habían hecho el anuncio oficial del nuevo despacho de consultoría global DLA Piper–Gallástegui Lozano, que ahora, dicen, buscan tomar provecho de los “cientos de oportunidades de negocios” que abren en México tras las reformas aprobadas.
    El asistir a un evento y festejar con la familia y amigos no sería trascendente, a no ser porque Javier Lozano, presidente de la Comisión Legislativa de Comunicaciones y Transportes en el Senado de la República, fue un activo promotor de las reformas en Telecomunicaciones y Energía.
    El coctel con el que se celebró la fusión entre DLP Piper y Gallástegui y Lozano se realizó la noche del jueves en Polanco y las imágenes del evento fueron difundidas por el Senador en su cuenta de Twitter [@JLozanoA].
    En 2010, el hermano del Senador fue señalado por el supuesto uso de información confidencial del Gobierno mexicano para que la empresa Intermix, de la que era socio, le ganara a Petróleos Mexicanos la marca “Pemex” para comercializar cualquier tipo de producto en Estados Unidos.
    Antes también se le denunció por beneficiarse del 2000 al 2004 con contratos con Petróleos Mexicanos, mismos que se reactivaron en 2007 y 2008 cuando su hermano, Javier Lozano, era el titular de la Secretaría del Trabajo en el Gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
    Ahora que la Ley Anticorrupción se aprobó, corresponde a los legisladores, entre ellos Javier Lozano y Romero Deschamps, fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para darle mayores facultades de revisión durante el ejercicio fiscal y sobre actos realizados en ejercicios fiscales anteriores.
    El Congreso de la Unión deberá expedir dos leyes generales: la relativa al Sistema Nacional Anticorrupción, y la relativa a las responsabilidades administrativas de servidores públicos, así como a las conductas de particulares que se encuentren vinculados con faltas administrativas graves.
    Todo esto con el fin de que México abandone en el mediano plazo el nada honroso segundo lugar como el país con más impunidad.
    Dos días después de aprobada la legislación, la sociedad civil presentó el “Anticorruptómetro”, una herramienta que muestra a los ciudadanos los días, horas, minutos y segundos que los estados tardan en aprobar y ejecutar el Sistema Nacional Anticorrupción.
    Hasta el momento sólo los congresos de Chiapas, Hidalgo y el Estado de México han aprobado el SNA.