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VILLAHERMOSA, TABASCO, 16 DE AGOSTO.- El diputado del PRD, Juan José Martínez Pérez, propuso en el seno de la Comisión Permanente que el Congreso solicite al gobierno estatal y municipal del estado información sobre cuántas basificaciones autorizaron en este año. La información requerida deberá detallar “la cantidad total de trabajadores beneficiarios; el nombre con apellidos completos; antigüedad de servicios prestados con anterioridad a la basificación; plaza y área de adscripción; y el monto de sus percepciones mensuales; en particular, sobre estos dos últimos rubros, se deberá precisar el dato antes y después de la basificación correspondiente, en su caso”.
    Además, que pida al ISSET, a través de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Fortalecimiento Municipal, “información pormenorizada sobre los pagos de las aportaciones de seguridad social que por cada trabajador asegurado han efectuado los diecisiete ayuntamientos durante los dos primeros trimestres del vigente año fiscal, y que precise la antigüedad de cotización de cada uno en dicho sistema estatal de seguridad social.”
    De igual modo, que el organismo entregue un informe sobre el ingreso de nuevos trabajadores de base a dicho sistema de seguridad social durante los dos primeros trimestres del presente año fiscal, que estén a cargo de los distintos órganos centralizados, desconcentrados y descentralizados de la administración estatal, que correspondan a los primeros trimestre del presente año fiscal.
    El legislador perredista pidió que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Tabasco entregue a su vez información sobre los trámites de plazas de base que ha autorizado a favor de los trabajadores en activo, sobre el total de la plantilla de servidores públicos de la entidad, correspondientes a los dos primeros trimestres del año fiscal del 2012, en los distintos órganos de la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada.
    Esta información deberá contener la cantidad total de trabajadores beneficiarios; el nombre con apellidos completos; años de servicios prestados con anterioridad a la basificación; plaza, área de trabajo y dependencia de adscripción; y el monto de sus percepciones mensuales; en particular, sobre estos dos últimos rubros, se deberá precisar el dato antes y después de la basificación correspondiente, en su caso.
    Martínez Pérez dijo que ha solicitado estos datos, debido a que hay sospechas de presuntos actos irregulares en materia presupuestaria, financiera, patrimonial y legal que pudieran cometer los diecisiete ayuntamientos de Tabasco. Indicó que por esa razón ha solicitado información a los diversos municipios sobre el cumplimiento de la legalidad en el próximo proceso de entrega-recepción, que deberá ser muy completo y minucioso conforme a la última reforma a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, y sobre la presunta autorización de los llamados bonos de marcha con que los presidentes municipales pretender premiar a sus mandos medios y altos de confianza.
    “En esta oportunidad, vengo a alzar la voz en contra de otra conducta que se da en el conocido Año de Hidalgo, y que atenta contra la legalidad en las relaciones laborales; en la sostenibilidad del gasto en sueldos y prestaciones sociales; y en la previsión de erogaciones en jubilaciones y pensiones a favor de los servidores públicos que obtienen la conversión de sus puestos de confianza a plazas de base.”
    Se trata, expuso, de una las prácticas discrecionales más socorridas al final de los períodos constitucionales tanto de gobiernos estatales y municipales, que muestran en forma elocuente la supervivencia del favoritismo, el tráfico de influencias y el nepotismo al interior de la administración pública.
    Estos actos, agregó, lesionan seriamente no sólo la credibilidad y la legitimidad de los poderes públicos, sino que trastocan la estabilidad de las haciendas públicas, que de por sí se hallan en serios aprietos con motivo del enorme peso del gasto corriente; la crisis de recaudación fiscal; deudas financieras y las derivadas de laudos laborales; y diversas cuentas por pagar a proveedores y contratistas.

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