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Detenidos del #20NovMx, en riesgo de un proceso judicial injusto: AI


MÉXICO, D.F., 27 de noviembre de 2014.- Amnistía Internacional exigió a las autoridades emprender una investigación “exhaustiva e inmediata” sobre la presunta detención arbitraria y malos tratos contra 11 activistas detenidos el pasado 20 de noviembre en la Plaza de la Constitución porque, en su opinión, “corren peligro de ser sometidos a un proceso judicial injusto”.
    En una acción urgente dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, y al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, la organización con sede en Londres, manifestó su preocupación por los obstáculos a una debida defensa alegada por los detenidos acusados de asociación delictuosa, intento de homicidio y motín.
    De acuerdo con la información recabada por AI, a los detenidos “las autoridades les negaron durante aproximadamente dos días el derecho a acceder a un abogado de su elección”, para después enviarlos a prisiones de alta seguridad “que imponen serias restricciones al contacto entre los detenidos con sus abogados y familiares”.
    A esa situación se añade las denuncias de que “la policía los golpeó y amenazó mientras estaba bajo su custodia” y prueba de ello es que “los representantes legales que se reunieron con algunos de los detenidos han declarado que éstos presentaban golpes en la cara, hemorragias en los ojos y cortes en los brazos”.
    La organización internacional recordó que las 11 personas recluidas en los penales federales de Perote y Tepic, exigían la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, y que su detención ocurrió “dos días después de que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, advirtiera que las manifestaciones podían crear ‘desestabilización’ y ‘desorden social’ y atacar el ‘proyecto de nación”.
    Ante las denuncias por malos tratos, las detenciones arbitrarias y la negación a una legítima defensa, Amnistía Internacional exigió una investigación que “debe incluir la realización de exámenes médico forenses que cumplan plenamente las normas internacionales, o permitir que dichos exámenes sean realizados por peritos independientes”. En la acción urgente la organización pide a Peña Nieto y a Murillo Karam proporcionar a los detenidos “atención médica adecuada”, garantizar el debido proceso, acceso a sus abogados y familiares, respeto a la libertad de expresión y asociación, así como una “investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de todos los incidentes de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y otras violaciones a los derechos humanos”.
    Amnistía resaltó que ha documentado el uso de fuerza desproporcionada por parte de policías contra manifestantes y posteriores detenciones arbitrarias, el primero de diciembre de 2012 y el 2 de octubre de 2013, fechas en que varios de los manifestantes fueron “acusados de delitos graves”.
Si bien en aquellos casos los detenidos fueron juzgados y absueltos meses después, advirtió la organización, “algunos sufrieron tortura u otras formas de malos tratos durante su arresto o mientras estuvieron bajo custodia”, sin que hasta ahora los responsables hayan rendido cuentas por las violaciones a derechos humanos.
    Amnistía Internacional resaltó que en México prevalece un contexto represivo, y que hay entidades que “han adoptado o intentado adoptar recientemente leyes sobre el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante las modificaciones”, modificaciones que “son en su mayoría contrarias a las normas internacionales de derechos humanos y suponen una amenaza para la libertad de asociación y de expresión”.
    Para la organización la tendencia represiva se vio agravada con las recientes declaraciones del presidente Peña Nieto y de altos funcionarios de su gobierno que “no reconoce los motivos que han provocado estas manifestaciones, y transmiten a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de todo el país un inquietante mensaje que podría indicar que el uso desproporcionado de la fuerza y otras violaciones a derechos humanos son aceptables al tratar con manifestantes”.