Encubren PGR y CNDH, desapariciones forzadas

Ciudad de México, 30 de enero.- La esperanza de encontrar justicia en México se ha terminado para los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Su objetivo ahora es buscar la justicia que les es negada, en instancias internacionales.
    Los hechos e investigaciones han confirmado a los padres de los normalistas que el delito contra sus hijos se llama “desaparición forzada” y, por tanto, estarán el próximo 2 de febrero en Ginebra para presentar el Informe Ayotzinapa en el contexto de la evaluación de México ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, durante el examen que realiza al Estado mexicano en su octava sesión.
    “La desaparición de 43 jóvenes estudiantes significa una profunda herida para la sociedad mexicana, que anuncia peores atrocidades si es que no se logra construir como un verdadero punto de inflexión respecto de la indiferencia gubernamental y social ante las desapariciones forzadas”, dice el informe elaborado por los representantes de las víctimas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón AC, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC (Centro Prodh).
    Detalla con precisión las omisiones y errores cometidos por la Procuraduría General de la República en su investigación sobre el crimen de Ayotzinapa, el cual consideran un “crimen de Estado”.
    Para los padres de los normalistas, sus hijos sufren el delito de desaparición forzada, un crimen que inicia con la privación de la libertad por agentes del Estado o bien, grupos o individuos que actúan con apoyo del Estado. Es un delito que se caracteriza por la negativa del Estado de reconocerlo para no permitir el acceso a la justicia.
    “El caso Ayotzinapa muestra que en México las investigaciones por desaparición forzada no se inician ni inmediatamente ni por de manera oficiosa, con lo que frecuentemente se dejan pasar momentos decisivos para el esclarecimiento de los hechos. En el caso, pese a que desde la noche del 26 de septiembre había indicios sobre la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes, las investigaciones iniciales no fueron por la desaparición sino por los homicidios; de hecho, ante la ausencia de una investigación oficiosa por las desapariciones, los familiares tuvieron que presentar las denuncias para que se abrieran los expedientes respectivos. También muestra el caso Ayotzinapa que las búsquedas en vida no inician inmediatamente.
    Sólo hasta que los familiares lo exigieron se iniciaron búsquedas por parte de las fuerzas policiales, al margen de las investigaciones criminales; como en la gran mayoría de los casos, las autoridades del Estado mexicano relegaron la búsqueda de los desaparecidos frente a la detención de los probables responsables. De hecho, las primeras brigadas de búsqueda fueron organizadas por las propias familias y sus representantes”.
    En 22 páginas, el informe exhibe la incapacidad del gobierno de Enrique Peña Nieto para atender la magnitud de la tragedia en torno a la desaparición forzada de los 43 estudiantes, su tardía reacción y los vacíos sobre la legislación en materia de desaparición forzada que existen en México.
    El texto, ofrece los hechos y la información básica sobre el caso Ayotzinapa, los antecedentes y narra con detalle lo sucedido el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.
    Critica severamente a la Comisión Ejecutiva de Antención a Víctimas (CEAV) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por no actuar a tiempo en apoyo a las víctimas.
    También plantea la exigencia aún de un auténtico “plan de búsqueda en vida” que lamentablemente solo han desarrollado los propios padres y otros grupos de la sociedad civil, sin las autoridades. Además, exige una investigación profunda de los hechos y las medidas de atención a las familias victimizadas y la urgente necesidad de las medidas cautelares solicitadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
    El texto analiza detalladamente el delito de desaparición forzada en torno al caso Ayotzinapa, el marco jurídico, la competencia y jurisdicción sobre este delito en la Convención para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
    El Informe Ayotzinapa es un alegato a favor de todas las miles de víctimas de desaparición forzada que existen en México y que el Estado ha abandonado a su suerte y una critica sobre los protocolos nada efectivos para las investigaciones en torno a este delito.
    Para los organismos de derechos humanos que acompañan a los padres de los 43 normalistas, está claro que no hay voluntad política de proporcionar el acceso a la justicia a las víctimas.
        “La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa pone en evidencia que la conceptualización del aumento exponencial de las desapariciones forzadas en México como un desafío y no como la profunda y generalizada crisis de derechos humanos que es, acompañada de una generalizada tolerancia frente a esta práctica, ha generado condiciones propicias para que las desapariciones no sólo sigan sucediendo, sino que incluso empiecen a tener un carácter masivo como lo acredita la comisión de este crimen contra 43 jóvenes en un solo hecho atroz. En ese sentido, el caso Ayotzinapa demuestra que es inexistente “la voluntad y convicción del Gobierno de la República de prevenir y sancionar conforme al derecho internacional el delito de desaparición forzada”.