La Energía Eléctrica como un Derecho Humano

Recientemente en el estado de Tabasco la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó una campaña para que los usuarios del servicio cambien sus medidores de luz por medidores de prepago.
    Pero algo que no han dicho a la población acerca de la instalación de estos medidores denominados de “autogestión”, es que tendrán la capacidad de cortar el servicio eléctrico en cuanto se agote el saldo de la tarjeta de prepago.
    El servicio eléctrico no puede ser considerado como una mercancía, debe verse como un derecho humano y social, que debe ser garantizado por el Estado y al cual deben tener acceso todas las personas que habitan en el país.
    Desde la perspectiva de los derechos humanos, los gastos personales o los familiares no debe impedir ni comprometer la satisfacción de otras necesidades básicas. Es decir, para cubrir los gastos de energía eléctrica no debe sacrificarse el disfrute del derecho a la alimentación, la salud, educación, etcétera, como actualmente ocurre en el país.
    El acceso a la energía eléctrica como un derecho humano debe reflejarse en una Tarifa Justa que contribuya a la equidad social del país.
    La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 1o. señala:
    En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Existen diversos instrumentos internacionales que hacen referencia de una forma u otra, de manera explícita o implícita, al derecho humano a la energía eléctrica:
    Declaración Universal de los Derechos Humanos.
    Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
    Convención Sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer.
    Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad.
    En nuestro país la CFE y la extinta Luz y Fuerza del Centro, proporcionaban el servicio de energía eléctrica a 36.6 millones de usuarios, de los cuales el 88.46% de ellos corresponde al sector doméstico, quienes consumen el 25% del total de la energía eléctrica, y cuya población atendida con servicio eléctrico es de 99 millones, de un total de 118 millones de habitantes en México.
    Cabe resaltar que el sector industrial representa sólo el 0.75% de usuarios y consumen el 58.78% del total de energía eléctrica.
    Es de comentar que la infraestructura de generación hidroeléctrica y geotérmica del país, constituyen la columna vertebral del abasto eléctrico al aportar un 35.56% de la producción total nacional. Esto representa una riqueza del pueblo mexicano que ha sido producto de su esfuerzo histórico y está completamente asociada a la soberanía de la nación. En cuanto al costo de producción de estas tecnologías se debe señalar que no está atado a los precios inestables de los energéticos de origen fósil.
    En diciembre del año pasado, mientras el pueblo mexicano celebraba a la Virgen de Guadalupe, el gobierno llevaba a cabo la mayor traición en la historia del país, nos referimos a la Reforma Energética, la cual, después de 76 años de haber consolidado la soberanía energética de la nación, en un par de horas le entrego la riqueza y el futuro de nuestro pueblo al capital privado.
    El párrafo sexto del Artículo 27 Constitucional antes de la Reforma decía:
    Corresponde exclusivamente a la Nación Generar, Conducir, Transformar, Distribuir y Abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia NO se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.
    Con la Reforma se mutilo el artículo 27 Constitucional de la siguiente manera:
    Corresponde exclusivamente a la Nación la Planeación y el Control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de Transmisión y Distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.
    En cuanto a la reciente discusión de las leyes secundarias de la Reforma Energética, encubiertas por el velo de una justa deportiva,  las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado aprobaron en sólo una hora las leyes secundarias que se refieren a la industria eléctrica y geotérmica.
    Estas se refieren a tres leyes que permitirán continuar reduciendo la participación de la CFE, el despojo de terrenos y bienes nacionales en favor de las empresas privadas y la privatización del agua, en beneficio de empresas de geotermia.
    La ley de la industria eléctrica reducirá a la CFE a simple operadora, ya que las empresas privadas se encargarán de la generación, distribución y venta de energía eléctrica.
    Esta ley señala que el gobierno decretará, en un plazo de 10 días, la expropiación de terrenos y propiedades requeridas por las empresas nacionales y extranjeras que tengan contrato para generar y comercializar electricidad, en caso de que no hayan llegado a un acuerdo sobre la indemnización respectiva con los propietarios.
    Con esta ley nos convertiremos en testigos del incremento de mexicanas y mexicanos en pobreza, y del despojo a la población bajo conflictos con proyectos y megaproyectos en su territorio.
    Con información de la Iniciativa del Proyecto de Decreto para elevar a rango Constitucional el Derecho Humano a la Energía Eléctrica, elaborada por la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, la Red Nacional de Resistencia Civil en Contra de las Altas Tarifas Eléctricas y el Sindicato Mexicano de Electricistas.