Exigimos justicia para familias agredidas en Baja California

La madrugada del 29 de abril, un centenar de golpeadores y sicarios entraron violentamente al predio conocido como Polígono seis, que forma parte del Ejido Ojo de Agua, en Tijuana, Baja California, donde se encontraban durmiendo hombres, mujeres, niños y ancianos integrantes de 200 familias que ahí habitan. Mediante maquinaria pesada, marros y tubos, los hampones destruyeron las modestas casas de madera y cartón; incendiaron los automóviles de algunos vecinos y lo que quedó de las precarias viviendas; con tubos y cadenas hirieron a decenas de personas y de un tiro en el abdomen provocaron la muerte del joven padre de familia José Corrales Almejo, un obrero de la construcción, habitante de una modesta vivienda en esa colonia. Una vez realizada su tarea criminal, los delincuentes se dieron a la fuga, a excepción de seis de ellos que fueron detenidos y entregados a las autoridades. El ataque nocturno fue antecedido de una agresiva campaña de prensa, que presentó a esas familias como invasoras, malvivientes y otras ofensas hirientes y cínicas que impunemente se lanzan a espaldas de la gente pobre. Una señora, de nombre Ana Érika Santana González, que se dijo abogada y representante de algunos propietarios de terrenos, de los cuales se dijo zalameramente que eran descendientes de los fundadores de Tijuana (sic), fue la boca de ganso por la que salió todo un torrente de epítetos, mentiras y aberraciones legales, lanzados a través de ella por algún grupo de poder económico y político contra esas familias antorchistas y sus líderes, al mismo tiempo que hacía acusaciones infamantes y exigía a voz en cuello que se destituyera como autoridad a Ignacio Acosta Montes, quien actualmente se desempeña como Delegado de esa populosa zona de Tijuana, al que sin prueba alguna acusó de propiciar invasiones, exigencia persistente y tendenciosa, que da indicios

claros de la verdadera intención política que encierra este sucio entramado presentado como “defensa de la propiedad”. Para deshonra de la profesión que dice haber estudiado, ni la señora abogada, ni los herederos de “los fundadores de Tijuana” que la acompañaban, presentaron absolutamente ninguna prueba de sus dichos. Se trató de una patraña, de una burda columna de humo formada mediáticamente para que nadie protestara cuando los antorchistas fueran desalojados por gente criminal, que a esa hora ya preparaba sus armas para apoderarse violentamente de un terreno ejidal, y de paso hacer a un lado al profesor Ignacio Acosta, un limpio y respetado líder popular que actualmente cumple una representación administrativa en el municipio de Tijuana, al que intentan llenar de lodo e inculparlo en un asunto del que es totalmente inocente. Mienten nuestros acusadores. El predio en cuestión, conocido como “Polígono seis”, forma parte del Ejido Ojo de Agua a partir de una resolución presidencial que en el año 2012 fue ejecutada por orden de un juez federal. Así reseñó el hecho el conocido diario tijuanense El Mexicano: “Tras 32 años legalizan el ejido ‘Ojo de Agua’. TIJUANA… Pasaron 32 años para que se ejecutara la resolución presidencial de dotación de 4 mil 494 hectáreas, con lo cual se da cumplimiento a una sentencia del Poder Judicial de la Federación”. Ningún presunto propietario, incluidos todos los que acompañaron a la señora Santana a echar pestes contra los antorchistas, ha presentado desde entonces ningún recurso legal ni puede demostrar ante un  tribunal competente que es propietario de parte alguna de esa fracción de terreno conocida como “Polígono seis”. Pero hay una cosa preocupante: al parecer, en Baja California es más fácil llamar a los medios de comunicación, proclamarse propietario de un predio y acusar a sus ocupantes de invasores, contratar un grupo de sicarios y tomar violentamente el predio reclamado, como vemos

que ocurrió en estos días sin que ninguna autoridad haya castigado a los autores materiales e intelectuales de todos esos delitos. No hay duda, el terreno del “Polígono seis” es ejidal, puesto

que está incluido en el plano definitivo del ejido y en la resolución presidencial ejecutada por orden de un juez; tampoco hay duda que los actuales  ocupantes están incorporados, con anuencia del ejido, a un plan de regularización a cargo del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, instancia federal facultada por ley para tal efecto. No son invasores sino posesionarios en proceso de regularización. La ocupación de ese predio fue realizada de común acuerdo entre los posesionarios y las autoridades ejidales y se encuentra en marcha un expediente para regularizarla y entregarla en propiedad a favor de los habitantes, mediante una indemnización al núcleo agrario, procedimiento legal muy común en nuestro país. Por lo tanto, es absolutamente falso que se trate de una propiedad privada o de una invasión. Pero hay algo más grave aún en este negro episodio. Los atacantes, que fueron retenidos después de invadir violentamente un predio, de incendiar viviendas, lesionar a personas pacíficas y provocar la muerte de un padre de familia, están a punto de obtener su libertad porque evidentemente hay una mano protectora que se ha activado para aligerarles los delitos. No se les está tratando como presuntos asesinos, incendiarios y allanadores, sino como gente que provocó “algunos daños materiales”, por lo que a la infamia y la agresión física que sufrieron las víctimas se pretende sumarle la injusticia. Por lo antes dicho, pedimos respetuosamente al Presidente de la República, al señor gobernador de Baja California y a todas las autoridades competentes su intervención urgente y enérgica para que se castigue a los autores materiales y a los que están detrás de esta operación criminal que hizo víctima a una parte del pueblo de México; que se investiguen los nexos entre quienes crearon el clima de linchamiento mediático y quienes cometieron el homicidio de nuestro compañero, atentaron contra la vida de cientos de personas más e incendiaron sus viviendas y sus bienes; que se diga quiénes idearon el ataque y contrataron a los golpeadores y sicarios y también sean castigados; al mismo tiempo, exigimos que se acelere el proceso de regularización del predio mencionado, para que sus ocupantes cuenten con la garantía jurídica a la que tienen derecho. A los antorchistas del país: los convocamos a iniciar una campaña nacional que denuncie estos crímenes y a movilizarnos masivamente en el momento y lugares en que las circunstancias lo ameriten, en defensa de las  familias vilmente agredidas en Baja California y del derecho del pueblo  mexicano a organizarse para hacer de México una patria justa y equitativa.

MUY RESPETUOSAMENTE

LA DIRECCIÓN

NACIONAL