Fin a cacicazgos y canonjías del PRI

VILLAHERMOSA, TABASCO. 21 DE OCTUBRE DE 2014. El Congreso del Estado aprobó en lo general y en lo particular la expedición de la nueva Ley de Transporte para Tabasco, pese a las protestas e inconformidades de transportistas, quienes se manifestaron con pancartas frente a la sede del Poder Legislativo.
    La nueva ley se aprobó en lo general con 34 votos a favor y uno en contra, y luego de modificaciones a tres artículos planteadas por el PRI, por unanimidad en lo particular.
    Las siete bancadas, incluyendo la del PRI, aprobaron la nueva Ley de Transporte.
    Los cambios aprobados que impulsó el tricolor tienen que ver con no dejar indefensos a los hijos de los concesionarios que fallezcan, y con eliminar el perfil de idoneidad para la entrega de las concesiones y permisos.
    Los transportistas dijeron que están inconformes porque la nueva legislación, impulsada desde el gobierno del estado, les borra su antigüedad como prestadores del servicio, al señalar que “las personas físicas y jurídicas colectivas carecen de algún derecho preexistente para exigir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estatal el otorgamiento de concesiones o permisos de transporte público”.
    Muchos empresarios tienen el “temor fundado” de ser despojados de sus concesiones y que éstas sean otorgadas a otros grupos, señaló el secretario general de la unión Vicocertra, Rogelio Neftalí Franco.
    Los integrantes del sector están inconformes con el aumento de la sanción máxima para los que incurran en violaciones a la ley, que pasa de multas equivalentes a 500 días de salario mínimo a mil días del minisalario.
    Franco dijo que su inconformidad es debido a que no hay un tabulador que especifique la multa que le corresponde a determinada falta, sino que todo quedará a criterio de la dependencia.
    Los inconformes portaban pancartas que decían: “con la nueva ley nos quieren despojar de nuestras fuentes de empleo” y “la nueva ley nos quiere despojar de nuestras concesiones”.
    La nueva ley obliga a la renovación constante del parque vehicular para garantizar un servicio de calidad, disminuye la sanción económica mínima de 10 a 5 salarios mínimos y aumenta la máxima de 500 a mil, las concesiones tendrán una vigencia de hasta diez años y los permisos cinco con posibles prorrogas por un periodo similar, y se revocarán las concesiones a quienes suspendan el servicio más de cinco días sin causa justificada, entre otros puntos.
    Los inconformes señalaron que analizarán la nueva ley para determinar las acciones a seguir, que podría ser el amparo, un paro técnico o un viaje para manifestarse en la ciudad de México.
    Durante la sesión, el diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rafael Acosta León, dijo que con el aumento en la sanción máxima se podrá meter en cintura a los operadores que violenten la ley. El representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Patricio Bosch Hernández, expresó que los transportistas están obligados a modernizar sus unidades para mejorar la prestación del servicio.
    El PRI calificó como avances el que se hayan tomado en cuenta algunos de sus planteamientos.
    Roger Arias García, diputado independiente, fue el único que votó en contra en lo general.