Fiscalía anti-impunidad en México, piden ONGs

México, DF., 05 de octubre.- Organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein respaldo para la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en México, como aquella que fue implementada en Guatemala y bajo la cual fue investigado y encarcelado Otto Pérez Molina.

    Más de 40 agrupaciones entre ellas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Universidad Iberoamericana Puebla detallaron que la instalación de una comisión supranacional, busca fortalecer el derecho de las víctimas a la investigación y persecución penal por violaciones a derechos humanos.
    Además reconocieron que la instancia busca coadyuvar con la autoridad en la identificación y sanción de los servidores públicos que transgredan sus obligaciones y responsabilidades en materia de corrupción, mediante la labor de expertos independientes nombrados por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas.
    Las agrupaciones sentenciaron que la instalación de este órgano resulta necesario, pues durante la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto, “no sólo se han cometido graves violaciones a derechos humanos, sino potenciales crímenes de lesa humanidad”.
    Citaron como ejemplo, la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, presuntamente realizada por elementos del Ejército.
    Además de la ejecución extrajudicial por fuerzas federales de 16 personas en Apatzingán, Michoacán en enero de 2015, la ejecución por policías federales de 42 personas civiles en Tanhuato, Michoacán en mayo de 2015.
    Por medio de un oficio dirigido al diplomático indicaron que la instauración de la fiscalía es importante pues durante los últimos nueve años se han registrado de acuerdo al Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitraria, 102 mil 696 homicidios de estos, al menos 70 mil han sido ejecuciones extrajudiciales cometidas en el contexto de la guerra contra el narcotráfico.
    Del mismo modo señalaron que existen hasta ahora, cerca de 26 mil desaparecidos, más de 4 mil casos de tortura, que han sido denunciados ante la PGR,  8 mil 600 personas permanecen detenidas arbitrariamente bajo la figura del arraigo; 27 asesinatos y ocho casos de desaparición forzada de defensores de derechos humanos, más de 80 periodistas asesinados y 17 desaparecidos.
    Sin embargo, la reacción de la administración federal ante los tres reportes preliminares de estos mecanismos internacionales “se ha caracterizado por la negación de la realidad y por una preocupante simulación de ‘apertura al escrutinio internacional’”.
    Sin embargo, lamentaron las ong, en lugar de tomar en cuenta las observaciones de esas instancias internacionales, la administración de Peña Nieto las desconoció y descalificó pero sin poder explicar sus cuestionamientos a los mecanismos de derechos humanos de la ONU.
    La CIDH estará 2 o 3 años más investigando violaciones a los DDHH en México: Álvarez Icaza
    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) continuará sus investigaciones sobre desapariciones forzadas y violaciones a las garantías individuales durante dos o tres años más, adelantó el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza.
    Señaló que el organismo va a preparar un informe sobre el país y el año próximo dará a conocer mecanismos de seguimiento durante los siguientes dos o tres años, ya que actualmente la mirada internacional está puesta en casos como el de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala y ejecuciones como la Tanhuato, Michoacán.
    Cuestionado por el periodista Carlos Loret de Mola sobre la reacción del Gobierno mexicano, Álvarez Icaza reconoció que existen avances, pero que también “hay otro México donde la gente es abusada”, y puso como ejemplo los 15 estados en los que no se puede combatir la tortura porque no está tipificada como delito.
    Y añadió que este diagnóstico “es una oportunidad” que le brinda el organismo al país para seguir adelante.
    “La CIDH tiene un diagnóstico de una crisis grave de derechos humanos en México, lo que toca es que los gobiernos pongan atención, pero nosotros no queremos calificar”, respondió a periodista durante una entrevista en su programa Primero Noticias en Televisa.