• La Verdad del Sureste |
  • Viernes 29 de Marzo de 2024

Imputados


Por Uriel Tufiño


@UTufigno

Durante los años en que Fidel Castro gobernó Cuba, el desafío más difícil que tuvo que enfrentar fue el “caso Ochoa”, en 1989. Los valores morales del discurso revolucionario y del “hombre nuevo” fueron puestos en entredicho por unas informaciones que sacudieron a la sociedad isleña: importantes miembros de la milicia cubana estaban coludidos con el narcotráfico colombiano.

A pesar de que desde al menos un par de años antes el gobierno de los Estados Unidos tenía conocimiento del paso de la droga hacia territorio norteamericano vía espacio aéreo y aguas territoriales cubanas, fue omiso en hacerlo del conocimiento de La Habana. Posiblemente Washington esperaba algún pretexto que apuntara a la cabeza para intervenir militarmente, como lo hizo en Panamá en ese mismo 1989.

(Pausa: en realidad en esa época la DEA infiltraba agentes entre los traficantes, con conocimiento de la CIA, para hacer sus propios negocios ilícitos y atacar a los gobiernos que consideraba enemigos. Recomiendo ver la película “Matar al mensajero”, basada en hechos reales).

El Estado cubano actuó de inmediato y llevó a proceso a catorce acusados de participar en tales delitos. De entre los imputados destacaba el general Arnaldo Ochoa, condecorado como “Héroe de la Revolución”, y quien cuando adolescente combatió en la columna guerrillera de Camilo Cienfuegos.

El juicio seguido en su contra, público y oral, fue transmitido por la televisión cubana y seguido en vivo por miles de hogares, incluso se pudo ver en Miami y en otras partes del mundo. Y es que el general Ochoa gozaba de enorme prestigio entre la población. Fue una especie de “drama psicológico colectivo” (Gianni Miná).

Despojado de su uniforme militar, Arnaldo Ochoa contestaba las múltiples preguntas que le hacía el fiscal -bajo el formato de un interrogatorio libre- que iban desde su participación en los hechos investigados hasta aspectos que cuestionaban su comportamiento moral frente a la Revolución.

Al final de los varios días que duró el juicio –siempre transmitido por la televisión-, vino la sentencia: Ochoa y otros tres de los catorce acusados fueron condenados a pena de muerte. El Consejo de Estado rechazó la conmutación de la pena de muerte y sólo hasta entonces Fidel se dirigió a los cubanos. El tiempo que duró el proceso mantuvo silencio, tal vez para no influir en la decisión del tribunal que juzgó a los imputados.  

Aunque la mayoría de los países de la región y del mundo occidental cuentan con sistemas penales acusatorios, nosotros llegamos tarde a dicho sistema. Eso explicaría porqué no terminamos de entender que las reglas del juego han cambiado en los procesos penales. Trataré de explicarlo brevemente:

En un sistema acusatorio, el acusador (Ministerio Público) tiene que probar -más allá de toda duda razonable- la responsabilidad del imputado en un procedimiento oral y público en el que todas las personas tienen “las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa”.

Además, la prisión preventiva ya no es una cortesía de las autoridades (“un vaso de agua y una orden de aprehensión no se le niega a nadie”), sino una medida cautelar que se otorga cuando otras medidas “no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio” y de manera oficiosa en otros supuestos (como delincuencia organizada, violación y secuestro).

El caso de Javier Duarte es el primer gran asunto mediático que se llevará bajo el nuevo sistema de justicia penal, no sólo por el tamaño del personaje (un ex gobernador del “nuevo PRI”), sino porque durante meses las informaciones oficiales alimentaron la percepción de que Duarte encarnaba todos los males habidos y por haber. ¿Realmente es el mayor corrupto de la historia o representa al promedio y sólo se usó su nombre para fines políticos?

Durante la primera audiencia del procedimiento seguido en contra de Duarte, la PGR fue exhibida por la falta de preparación de los fiscales: sencillamente no dominaban el caso. Disiento de quienes sospechan que la nula preparación de los fiscales fue deliberada a manera de “estrategia legal”. No veo el motivo.

A estas alturas del sexenio, una deficiente actuación de la PGR en la segunda audiencia sería una calamidad para el gobierno de Peña, así que supongo que la PGR habrá logrado que el juez vincule a proceso a Duarte.