Insensible Peña Nieto ante dolor y realidad del caso Iguala: ONGs

México, DF., 26 de abril.- El gobierno mexicano está empeñado en negar la realidad que vive México y que rodea a un crimen de Estado, de lesa humanidad: la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos, concluyen activistas a 7 meses del caso Iguala, en Guerrero.
    Se trata de un gobierno insensible al dolor de los padres de los normalistas y, a la exigencia de la sociedad mexicana que clama justicia dijo José Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organizaciones de Derechos humanos.
    “Es difícil para todos hablar de siete meses de espera, en el sentido de que el gobierno se decida a dar una respuesta a los padres de familia sobre dónde están los hijos. Es lamentable que el gobierno mexicano se mantenga en una postura de cerrazón y de insensibilidad respecto al dolor de los padres”, dijo en entrevista.
    El activista que encabeza una red de cinco organizaciones guerrerenses –donde se incluye el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, cuyos abogados representan a los familiares de los estudiantes– expuso que si bien el caso de los 43 visibilizó la crisis de derechos humanos que vive en el país, no se ha logrado aún que se reclasifique el caso como desaparición forzada.
    Los elementos de la policía municipal de Iguala que están consignados, son juzgados por secuestro y no por un delito de lesa humanidad. Es decir, sin reconocer esa culpabilidad del Estado que los padres alegan desde un principio.
    “El problema es nacional. El caso de los 43 puso al descubierto al narco gobierno. No sólo esperamos cambios en Guerrero, al final y al cabo son más de 30 mil desaparecidos en el país, pero no hay voluntad política ni sensibilidad de planear cambios. Es un desplante de fuerza ante la desaparición forzada, donde pretenden seguir negando una realidad que es inocultable”, subrayó Olivares Hernández.
    Para Andrés González Parral, tío de Dorian y Abel González Parral desaparecidos en Iguala, los padres de los normalistas siguen con el mismo dolor que los embarga desde hace siete meses.
También están llenos de esperanza de encontrarlos, pues la tesis de la Procuraduría General de la República (PGR) que indica que fueron cremados en el basurero de Cocula y arrojados en cenizas al río San Juan, no los convence.
    “Los papás están en las mismas, con la esperanza de encontrarlos. A siete meses el gobierno piensa que se nos va a olvidar, pero la ira, el coraje han ido aumentado porque no es posible que a más de año y medio, no podamos tener la certeza de su ubicación”, planteó.
    Andrés reconoció que el desgaste de los familiares aumenta conforme pasan los meses: “Sí hay cansancio, pero es comprensible, todos lo sentimos, pero no es motivo para decir que vamos a olvidar las actividades y dejar la lucha.
    No será motivo de resignación, seguiremos luchando hasta que aparezcan nuestros familiares”, detalló.
    Andrés consideró que el Estado mexicano cometió crímenes de lesa humanidad en el pasado, que nunca quiso reconocer.
     “La matanza de Aguas Blancas, ese es un crimen de Estado que nunca reconoció como tal. La lucha se ha extendido a los organismos internacionales para que se castigue al gobierno mexicano y que se reconozca que hubo crimen de Estado”, dijo.
    La madre de los jóvenes Hermanos Dorian y Abel, explicó Andrés, es una de las más reservadas y afectadas de los familiares: perdió a sus dos hijos esa noche en Iguala.
    “El dolor la tiene agobiada. No quiere hablar con los medios cuando la han buscado para entrevistas.
    Ella ya dejó de creer, no cree en nadie, pero sobre todo, no cree en el gobierno”, destacó.
    Hace un mes, al cumplirse medio año de la desaparición, la organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF), que mantiene un equipo de trabajo en Ayotzinapa, lugar que los padres hicieron su base de operaciones, dijo a SinEmbargo que los familiares presentan cuadros de ansiedad y depresión que pueden prolongarse el tiempo que sus hijos duren desaparecidos.
    “El Duelo es una de las cosas más frecuentes, afecciones psicosomáticas – toda enfermedad que corresponde a un proceso psíquico que tiene su influencia en el cuerpo. Es una dolencia física real, que tiene su origen en conflictos emocionales y psicológicos inconscientes sin resolver – en las que todo el dolor y la impotencia se va hacia el cuerpo, una de las cosas más relevantes”, explicó Ivonne Zabala Paternina, responsable de la misión de MSF en Ayotzinapa.
    Rafael López Catarino, padre de Julio César desaparecido en Iguala, aceptó que estaban enfermando y que la situación con cada mes que pasa, se volvía más desesperante.
    “Pero pues nosotros vamos a seguir en la lucha, no nos queda de otra. Vamos hasta las últimas consecuencias porque un hijo no es un animal, nuestros hijos son gentes. Yo soy campesino y me tocó esto a mi. No vamos a descansar hasta que se esclarezca”, dijo.
    En esa ocasión, los padres de los jóvenes reconocieron que no sólo ellos están desgastados. El movimiento que surgió a partir de la desaparición y que se gestó en Guerrero durante las primeras semanas, también lo estaba.
    Un mes después, a los siete meses, Manuel Olivares reconoció que la movilización social va a la baja, pero que la organización de los padres y de los grupos que ayudan en el caso desde su inicio, se ha consolidado.
    “Pareciera que está bajando la participación, la solidaridad, la movilización. Eso se ve por un lado, pero por otro, hay esfuerzo de mayor organización y estructura. Ahora existe una Asamblea Nacional Popular y una Convención Nacional Popular. El esfera de los padres de los estudiantes es un precedente organizativo”, explicó.

“ES UN CASO DE DESAPARICIÓN FORZADA”: CIDH
El Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –que se encuentran en México desde el primero de marzo–, insistieron en su segundo informe que el caso de los 43 normalistas es desaparición forzada.
    Una semana antes de cumplirse los siete meses de los hechos de Iguala, los expertos se refirieron a un caso de lesa humanidad.
    “Nosotros reiteramos que estamos ante un caso de 43 desapariciones forzadas”, dijo Francisco Cox, uno de los cinco expertos que analizan el expediente y las pesquisas alrededor del caso de Iguala, Guerrero.
    Hace un mes, en su primer informe, los expertos recomendaron: “Respetando la independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales, con base a los estándares internacionales y en la doctrina del control de constitucionalidad respaldada por la Suprema Corte de Justicia, exhortamos a los jueces a que la investigación de los hechos de Ayotzinapa sea realizada bajo la modalidad de desaparición forzada”.
    Pero las autoridades mexicanas se han negado a reclasificar el caso. Al menos no hay una respuesta oficial y pública a la solicitud de los expertos de la CIDH