Los intereses ocultos tras el juicio político a Dilma Rousseff

Doctor en Desarrollo Económico por la London School of Economics,
miembro del Sistema Nacional de Investigadores
profesor-investigador y Director en la División de Ciencias
Económico-administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo

Los recientes acontecimientos políticos de Brasil vienen a recordarnos aquel clásico principio según el cual los grandes acontecimientos y personajes de la historia se repiten, primero como tragedia y luego como farsa.
    A mediados del siglo pasado, Joao Goulart dirigió el Partido Trabalhista Brasileiro, luego fue ministro del trabajo (1953-1954) en el Gobierno de Getulio Vargas, y finalmente presidente (1961-1964), con una política de corte socialista; como ministro defendió el incremento de 100 por ciento en el salario, y como presidente promovió la expropiación de latifundios y el reparto de tierras a los campesinos, privatizó refinerías petroleras y promovió la alfabetización universal.
    En política exterior buscó la alianza con la Unión Soviética y China, y se negó a apoyar la invasión norteamericana a Cuba. Pero la oligarquía, los sectores duros de la derecha y los mandos castrenses conspiraron en su contra, y el 31 de marzo de 1964, con apoyo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Estado, lo derrocaron, quedando a la cabeza del Gobierno el general Castelo Branco, y dando inició así a una de las dictaduras más sangrientas del continente, que perduró hasta 1985.
    Goulart murió exiliado en Argentina, muchos dicen que envenenado. Cosas de la historia: aquel régimen militar apresó en 1970, torturó y mantuvo presa por tres años a Dilma Rousseff, entonces de 23 años de edad. Aquella fue la tragedia; hoy toca su turno a la comedia.
    En 2003 el Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva ganó las elecciones y puso en marcha un Gobierno popular que logró sacar de la pobreza a 30 millones de personas, hazaña nunca vista en Latinoamérica.
    Siguió también una política independiente y nacionalista, no grata a los ojos de Washington, Estados Unidos, y hoy enfrenta las consecuencias: otro golpe de Estado, aunque sofisticado.
    El 17 de abril la Cámara de Diputados acordó el juicio político contra la presidenta y turnó el punto al senado, con la intención de separarla del cargo; todo este entramado forma parte de la operación “Lava Jato”, lanzada desde 2014 por personajes como Sergio Fernando Moro, fiscal especialista en el tema, quien encabeza las acusaciones contra Lula y Dilma; este señor participó en 2007 en el “Programa para Visitantes Internacionales” del Departamento de Estado (AFP), un indicio de sus vínculos políticos.
    El de Brasil es un golpe de Estado, sólo disfrazado con un argumento jurídico sumamente deleznable. “A pesar de lo que muchos medios quisieron hacer creer, Rousseff no está acusada de corrupción, sino de ocultar el déficit fiscal, mediante maniobras político-económicas.
    El hecho de que una mandataria pueda ser juzgada por decisiones políticas, fue duramente criticado por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), por la Organización de los Estados Americanos (OEA), por especialistas en Derecho Político y por presidentes y expresidentes de la región.
    Fue la propia Dilma Rousseff quien alertó que el proceso desatado en Cámara de Diputados era en realidad un golpe de Estado”. Igual opina Fernando Lugo, expresidente de Paraguay: “aunque sea legal, no creo legítimo un proceso en que se ve la bendición de Estados Unidos y las posibilidades de que se extienda a otros gobiernos progresistas.
América Latina, con los esfuerzos que ha hecho de integración en el Mercado Común del Sur (Mercosur), en el Unasur, en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, etcétera, momentos de integración y de construir la Patria Grande, se ha considerado como una especie de rebeldía al imperio del norte”.
    Sobre los críticos de Dilma, en cambio, sí pesan acusaciones de corrupción, y es sabido que el juez Moro ha ofrecido reducirles el castigo a cambio de su voto.
    La prensa brasileña ha documentado que de los 65 diputados que votaron el impeachment, 37 tienen acusaciones o condenas por desvío de dinero, tal es el caso de Eduardo Cunha, presidente de los diputados y cabeza de la operación “Lava jato”.
    Este señor pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño, hasta hace poco aliado del PT; al mismo partido pertenece también Michel Temer, vicepresidente actual. Pues bien, “en marzo de este año, la Corte Suprema de Brasil aceptó la denuncia contra Cunha por su supuesta participación en el caso de corrupción de la petrolera brasileña, Petrobras.
    Está acusado de haber cobrado sobornos por cerca de cinco millones de dólares. Por otra parte, Cunha tiene que responder ante el Tribunal de Ética del Congreso, por no haber declarado cuatro cuentas que tendría en Suiza. Por si fueran pocos todos esos antecedentes, recientemente la investigación conocida como “The Panama papers”, reveló que Cunha tendría una empresa offshore (paraíso fiscal) de nombre Penbur Holding, que no había declarado hasta el momento”.
    La misma fuente agrega: “se sabe que si Cunha logra la destitución de Rousseff, Tener se hará presidente y le ayudará a quitarle los cargos de corrupción probados que sobre él pesan. Según se señaló en la señal de noticia Telesur: “el juez Marco Aurelio Mello, del Supremo Tribunal Federal (STF), informó recientemente que Temer podría ser sometido a impeachment por los mismos cargos que enfrenta la dignataria, acusada de ‘adulterar las cuentas durante dos años para disimular el déficit fiscal’, debido a que, según la autoridad judicial, ambos firmaron los mismos documentos condenatorios” (ibidem).
    Respecto a la honorabilidad de los acusadores, la expresidenta argentina, Cristina Fernández, declaró: “es más, el 60 por ciento de los que estaban votando tenían procesos o estaban enjuiciados por corrupción” (ibidem).
    A Dilma se la acusa de corregir el déficit fiscal para mostrarlo menor de lo que realmente es; ni sus más feroces persecutores pueden afirmar que haya robado.
    Los verdaderos delitos de Lula y Dilma hay que buscarlos en otro lado, y son dos, fundamentalmente: haber pretendido distribuir la riqueza en aquel gigantesco país, mermando las ganancias de la aristocracia brasileña y empresas transnacionales, y haberse asociado con China para realizar su proyecto social. A partir del año 2000 este último país es el principal socio comercial de Brasil.
    Del total de inversión extranjera directa de China en América Latina entre 2010 y 2013, 55.9 por ciento llegó a Brasil (23 mil 800 millones de dólares). Además, Brasil se asoció con el grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), fuerza opositora al dominio imperial. Estados Unidos vio perder terreno en Latinoamérica y hoy va por sus fueros. Pero los dueños del poder mundial y sus socios criollos han cambiado de táctica, pues ya no les funcionan las dictaduras sangrientas de los años 60 y 70, bastante desprestigiadas, cuya imagen choca con uno de los recursos propagandísticos principales del aggiornamento imperialista: la defensa de los derechos humanos; por ello recurren a nuevos ardides, como los llamados golpes de Estado suaves, protagonizados por movilizaciones de “masas” inconformes, principalmente de clase media y alta, reclamando democracia y criticando alguna acción gubernamental específica.
    Papel preponderante juegan en esta nueva estrategia los grandes medios de comunicación, que propagan las acusaciones y reclamos de los golpistas embozados y les dan imagen de gran arraigo social. Este modus operandi se aplicó en Honduras en 2009, cuando el Congreso destituyó al presidente Manuel Zelaya, y en Paraguay en 2012, con la defenestración de Fernando Lugo por el Senado, en otro golpe de Estado parlamentario. En los días que corren, la derecha venezolana prepara desde el Congreso su propia ofensiva contra Nicolás Maduro. Así responden los señores del dinero cuando los pueblos se toman en serio la democracia.