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El triunfo del licenciado Arturo Núñez y la mayoría de diputados de la Coalición Movimiento Progresista de Tabasco, representan una esperanza para nuestras iniciativas en la Cámara de Diputados a favor de la niñez se conviertan en leyes claras y eficientes, pero sobre todo en hechos, declaró Alejandra Arias.
    Nos abre la posibilidad a las organizaciones civiles que tenemos un trabajo en materia de grupos vulnerables, de que prosperen nuestras propuestas.
    No obstante, advirtió la licenciada Arias, el próximo jefe del ejecutivo tendrá que tener cuidado en identificar a las organizaciones oportunistas que han vivido siempre del presupuesto público, si hacer absolutamente nada.
    Incluso algunas de las personas que presiden esas organizaciones, se hacen llamar coordinadoras de ongs, cuando ese término ni siquiera existe jurídicamente en nuestro país, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a las que tiene registradas como la nuestra, las denomina organizaciones de la sociedad civil.
    Es preciso que el nuevo gobernador se siente a escuchar las propuestas que las OSC, que cumplimos con todos los requisitos de ley y que nos sometemos a la rendición de cuentas tenemos en la Cámara de Diputados.
    Políticas públicas, afirmó que no son algo que no se pueda llevar a cabo a favor de los grupos vulnerables –mujeres, ancianos,  niños y personas con discapacidades diferentes-  porque incluso en otras entidades ya funcionan.
    Hacen falta albergues para ancianos, niños y mujeres víctimas de violencia y abuso sexual, dijo, porque detrás de un menor golpeado, maltratado hay una madre que enfrenta la misma situación, pero también son urgentes la aplicación de programas de prevención de la violencia.
    Esperamos que el licenciado Núñez Jiménez, ya cuando asuma la gubernatura, emita el reglamento de la Ley Estatal de Niños y Niñas para comenzar su aplicación y para que las organizaciones civiles y ciudadanos en general podamos exigir a los funcionarios su cabal cumplimiento, porque por el momento es “letra muerta”.
    Confíamos que con el cambio en el poder ejecutivo y el triunfo de la Coalición Movimiento Progresista en la mayoría de municipios, se instalen un albergue para niños maltratados, abusados sexualmente o víctimas de omisión de cuidados, abandono u orfandad.
    Son diez los derechos básicos de la niñez, mencionó Alejandra Arias: a la alimentación, salud, educación, a una vida libre de violencia, a la recreación y el juego, a espacios públicos exclusivos para ellos.
    Es urgente también la adecuación del marco legal para aplicar condenas más severas contra el abuso infantil, que son propuestas de la sociedad civil se han ido aplicando gradualmente en otros estados, afirmó.
    La presidenta de Aldea por los Niños, mencionó que esa organización está integrando una lista de funcionarios que, en el trabajo cotidiano a Aldea, han demostrado incapacidad profesional, bajo perfil, falta de sensibilidad y humanismo.
    Entre ellos, Alejandra Arias nombró a la directora del Museo Papagayo, Blanca Carradas Figueroa, por cerrar totalmente el acceso gratuito a niños indígenas y de comunidades rurales, a pesar de que la solicitud se le ha hecho con anticipación y por escrito.
    En nuestra lista, abundó, también se encuentra la directora del Instituto Estatal de las Mujeres, la profesora Leticia del Carmen Torres Pulido, por ningún lugar de Tabasco, hemos visto trabajo de prevención para la violencia contra las mujeres, cuando, como hemos mencionado, cuando se detecta a un niño maltratado o abusado, por lo regular hay una madre víctima de lo mismo.
    Una de las obligaciones del IEM, según consta en la ley que lo creó, es realizar un trabajo de prevención de la violencia contra las mujeres, sobre todo de mujeres de la población indígena o zonas rurales y conurbadas.
    Hasta el momento no conocemos programas de esa índole, la señora se la ha pasado durante todo este sexenio, gastando el presupuesto en congresos y foros en hoteles lujosos, nunca sale de su oficina a palpar la realidad la situación de las mujeres que se traduce en maltrato infantil. La profesora Leticia del Carmen Torres Pulido es una persona que no ha cumplido con su función, ni aplicado políticas públicas adecuadas para combatir esos problemas.
    También necesitamos la depuración de la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia que preside Patricia Osorio Lastra, ella también ha mostrado cerrazón cuando se trata de agilizar las denuncias de violencia infantil, y en las comunidades hay deficiencias en la investigación, entre otras cosas, porque no disponen de personal suficiente ni profesional. La Prodemefa, tampoco ha desplegado una campaña permanente de prevención de la violencia  infantil. Solicitaremos también al próximo gobernador, que se abstenga de incluir como funcionaria pública, a la titular del CAMVI-PGJ  -creo que se apellida Gallegos, dijo Alejandra Arias- cuando hemos denunciado ante ella, negligencia de parte de los ministerios públicos para castigar los casos de violencia y abuso sexual infantil en los municipios, ella responde que  no puede hacer nada para exigir eficiencia a sus MP.
    Lo que proponemos, agregó, es que ninguna de estas personas ocupen en su administración, cargos públicos, principalmente en la estructura que tiene que ver con el acceso de los niños a sus derechos y a la justicia.

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