Obligado Congreso de la Union a regular publicidad oficial

La publicidad oficial o gubernamental es la información relacionada con la información difundida por el gobierno en sus tres niveles, que es de importancia conocer por la sociedad: campaña de salud, sobre los programas sociales y otras de carácter informativo. Esta acción lo pueden hacer los propios gobiernos o a través de terceros, específicamente en medios de comunicación a los que se les contrata para que realicen esta difusión.
    Desde hace algunos años, dada su discrecionalidad sobre todo en los gobiernos priistas, se ha querido regular mediante el artículo 134 constitucional, en la que se señala que la información que difunda el gobierno en ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Lo que no fue suficiente ya que había quedado pendiente su ley reglamentaria. En casos extremos se utilizaba para castigar a medios que no estuvieran de acuerdo con las políticas gubernamentales o premiar, con más contratos, a lo que se prestaran a los fines de la autoridad o de grupos de interés entre quienes detentan el poder.
    Datos de Fundar Centro de Análisis e Investigación, señalan que en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, de 2013 a 2017, se han gastado más de 38 mil 247 millones de pesos. En cada año se ha registrado que lo que proyecta ejercer es superado por lo ejercido; así, en el año 2013 se ejerció 49% más de lo que había presupuestado. En el 2014, 2015 y 2016 ocurrió lo mismo. La promesa de Enrique Peña Nieto sobre la regulación de la publicidad oficial contenida en el Pacto por México quedó incumplida. Sólo es hasta ahora un acuerdo de buena fe el de publicar los montos gastados pero no los criterios de aplicación de dichos recursos.
    Este vacío legislativo a  falta de una ley reglamentaria movió a que un grupo de organizaciones, coordinadas por su símil Artículo 19, a interponer un amparo ante la  Suprema Corte de Justicia de la Nación. Caso que fue resuelto en sesión del 15 de noviembre de 2017, y ordena al Congreso de la Unión expedir una ley reglamentaria que regule el gasto en publicidad oficial, misma que debe formalizarse antes del 30 de abril de 2018.
    Lo anterior a fin de dar cumplimiento a la reforma constitucional publicada el 10 de febrero de 2014, en la que se estableció que antes del 30 de abril de 2014 el Congreso de la Unión debía expedir la legislación en materia de publicidad oficial estipulada en el artículo 134 de la Constitución Mexicana. Cuatro años después deberá cumplir con su trabajo el Congreso de la Unión.
    Esto resulta un acto inédito en México que busca restituir el estado de derecho en nuestro país y garantizar el derecho a la información de la sociedad mexicana la cual ha sido manipulada por el gobierno federal y no solo en los medios tradicionales, sino en los nuevos espacios electrónicos.
    Lo que sigue es que esta resolución de la SCJN pronto se deberá reflejar en las entidades federativas, que no cantan mal las rancheras. Basta mencionar que en Tamaulipas se destinas más de mil millones de pesos al año para este rubro, seguido por Coahuila que aplica más de 900 millones de pesos al año para difundir las actividades de gobierno. En  la mayoría de los casos, al igual que a nivel federal, lo que se gasta es mayor a lo que se aprueba.
    En Tabasco ya está en la agenda legislativa la creación de una Ley de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental para el Estado, por lo que pronto el titular del poder ejecutivo podrá desempolvar la iniciativa de ley integrada por la anterior titular de  comunicación social del gobierno del estado y especialistas de la UNAM. De esa manera dará mayor certeza a la difusión de las actividades de gobierno, cerrando especulaciones de un posible uso discrecional. La publicidad es necesaria, pero con criterios explícitos.
Una gran oportunidad.