Peña ante la Corte

@UTufigno
Once años después, Enrique Peña se enfrenta a su pasado. El mismo del que se ufanó ante la audiencia de la Universidad Iberoamericana en mayo de 2012 cuando andaba en campaña. El mismo que provocó que saliera huyendo hacia los baños de dicha institución educativa y dejara pendiente una entrevista en la radio universitaria.

El 3 de mayo de 2006 los 15 mil habitantes del pueblo de San Salvador Atenco se preparaban para festejar el Día de la Cruz. No sabían lo que estaba por llegar. Ese día, desde muy temprano, la policía municipal impidió que se instalaran vendedores de flores en las inmediaciones del mercado. La razón: existía un acuerdo previo para ser reubicados en el Centro de Abasto.

Los floristas, apoyados por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra –los famosos “macheteros” de Atenco- chocaron con la policía. El conflicto escaló pronto cuando intervinieron 320 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal -que comenzó a lanzar gas lacrimógeno- después de mantenerse únicamente a la expectativa.

La policía logró cercar a los inconformes en un inmueble, lo que propició que un grupo de pobladores realizara un bloqueo en la carretera Los Reyes-Lechería. Ahí se recrudecieron los enfrentamientos e incluso algunos policías fueron retenidos. Esta última circunstancia determinó que el gobierno estatal pidiera el apoyo de la Policía Federal. En algún momento de la refriega un menor de edad falleció víctima de un balazo. Eso enardeció a la población.

Con el fin de evaluar la situación y decidir el paso a seguir, durante varias horas de la tarde y noche del día 3 de mayo se reunieron en Texcoco diversas autoridades federales y estatales (ojo con los nombres): Eduardo Medina Mora, en ese entonces Secretario de Seguridad Pública y hoy Ministro de la Suprema Corte; Miguel Ángel Yunes, en ese entonces Coordinador Nacional del Consejo de Seguridad Pública y hoy fontanero del PRI; Wilfrido Robledo, Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal; y, ¿quién creen?, Enrique Peña Nieto.

En dicha reunión se decidió usar la fuerza pública para liberar la carretera y a los servidores públicos retenidos. El plan, diseñado por Robledo y aceptado por el entonces gobernador mexiquense, consistió en actuar en cinco frentes distintos dado que la resistencia de los pobladores estaba concentrada sólo en dos puntos.

El operativo desarrollado el 4 de mayo fue de una brutalidad enorme. La orden superior hizo sentir a los policías que podían actuar con total impunidad. Murieron dos jóvenes, 217 personas fueron detenidas arbitrariamente y torturadas; 31 mujeres denunciaron agresiones sexuales por parte de los policías durante su detención, traslado al penal de “Santiaguito” y aún dentro de éste. Y tuvieron que enfrentar procesos penales por ultrajes a la autoridad, portación de arma, ataques a las vías de comunicación y secuestro equiparado.

A las mujeres detenidas les cubrieron el rostro, las amenazaron, las golpearon, incluso hubo casos de violación tumultuaria; ninguna recibió atención ginecológica ni legal. Y aunque se ejerció acción penal en contra 23 policías estatales, a lo más que se llegó en el proceso fue a la condena de algunos por actos libidinosos.

El asunto llegó a la Suprema Corte que emitió un Dictamen de 892 páginas en el que se lee: “En los hechos motivo de esta investigación constitucional, ha quedado visto que, efectivamente, el Estado –a través de agentes de diversas corporaciones policiales y otros servidores públicos- incurrió en diversas violaciones a derechos humanos y, especialmente, ejerció su facultad de fuerza pública de una manera gravemente violatoria de garantías individuales, en razón de los excesos y abusos descritos en páginas precedentes”.   
 
El viernes 11 de mayo de 2012 en el auditorio de la Ibero, Peña Nieto se ganó los reclamos de los estudiantes cuando reconoció que su actuación en Atenco “fue una acción de autoridad, que asumo personalmente, para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano para hacer uso de fuerza pública”.

Hoy, el caso Atenco ha sentado al Estado mexicano en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la acusación de once mujeres víctimas de detención ilegal y arbitraria, tortura física, psicológica y sexual. La resolución que emita la Corte, sin duda, alcanzará al orgullo de Atlacomulco.