Jorge Carrasco Araizaga / PROCESO

MEXICO, D.F., 1 de diciembre / Dos sesiones bastaron a los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Olga Sánchez Cordero para llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a uno de sus máximos descréditos al echar abajo la investigación contra el gobernador de Puebla, Mario Marín, por violaciones graves a las garantías de la periodista Lydia Cacho.

Ambos se encargaron de dirigir los argumentos contra el dictamen presentado el pasado 26 de noviembre por el ministro Juan Silva Meza en el que se establecía la “componenda” de autoridades, encabezadas por Marín, para perseguir a la periodista a solicitud del empresario textilero Kamel Nacif Borge.

Resultado de más de un año de investigaciones que estuvieron a cargo de Silva Meza por mandato de la propia Corte, el dictamen fue desechado en las sesiones del martes 27 y jueves 29 de noviembre, cuando finalmente se exoneró “por falta de pruebas” al llamado góber precioso.

El camino lo abrió Aguirre Anguiano en la sesión del 27 de noviembre, cuando se encargó de desacreditar una parte central del informe: que Silva Meza fue más allá del mandato de la Corte al incluir las redes de pederastia y pornografía infantil en su investigación.

Con el apoyo de los ministros Margarita Luna Ramos, José de Jesús Gudiño Pelayo, Mariano Azuela, Sergio Valls y Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Corte, logró una mayoría de seis votos a cuatro para que la resolución desechara esa parte de la investigación.

Fue el primer deslinde a favor de Marín, pues con ello se desactivó la acusación en su contra en el sentido de que protegía las redes de pederastia y pornografía infantil descritas por Cacho en su libro Los demonios del Edén. El poder que protege la pornografía infantil, y en las que involucra a Kamel Nacif.

 La segunda y definitiva votación a favor de Marín la promovió el jueves Sánchez Cordero al asegurar que no hubo ni un solo elemento que probara la concertación de Marín con el Poder Judicial de Puebla y el gobierno de Quintana Roo para actuar en contra de Lydia Cacho, cuando fue detenida en Cancún, en diciembre de 2005, y trasladada por carretera a Puebla. A lo más, dijo, hubo tortura psicológica.

La mayoría, también de seis votos, la formó Sánchez Cordero con Aguirre, Luna, Azuela, Valls y Ortiz Mayagoitia, quien desde septiembre de 2005, antes de que fuera presidente de la Corte, propuso que se terminara la investigación porque “no se había comprobado la violación grave a las garantías de Cacho” cuando por la acusación del empresario se le detuvo por calumnias y difamación. La investigación no se paró; se concentró en Marín.

Aguirre, Azuela, Valls y Luna fueron en todo momento los invariables defensores del gobernador durante las seis sesiones que dedicó la Corte al caso, entre abril de 2005 y noviembre de 2007. A unas semanas de que dejara la presidencia, Azuela viajó a Puebla acompañado de Ortiz Mayagoitia para inaugurar el Palacio de Justicia federal construido sobre terrenos regalados por Mario Marín.

Fueron esos ministros los que en abril de 2005 perdieron la votación ante la solicitud que le hizo el Congreso de la Unión a la Corte para que ejerciera su facultad de investigación prevista en el artículo 97 de la Constitución, luego de que en febrero de ese año se conociera la conversación telefónica, grabada ilegalmente, entre Marín y Nacif en la que festejan la detención de Cacho por parte del gobierno poblano a instancias del empresario.

El primer informe

En julio pasado, Silva Meza dio a conocer un primer informe en el que no sólo determinó una confabulación encabezada por Marín para detener a Cacho, sino que pidió juicio político para el gobernador.

La propuesta fue detenida por el pleno de ministros, que pidieron una segunda investigación para darle derecho de audiencia al góber precioso y ajustarla a las reglas fijadas que fijaría la Corte –en agosto– sobre las investigaciones realizadas en ejercicio del 97 constitucional.

El pasado 26 de noviembre Silva Meza presentó su segundo dictamen, producto de la nueva investigación. Esta vez hizo a un lado su formación de penalista y no pidió de forma directa el juicio político. Dijo que ello correspondía a la Cámara de Diputados.

Pero no varió su informe preliminar y pidió, con nombre y apellido, la responsabilidad para 30 funcionarios y exfuncionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial de Puebla y Quintana Roo, con Marín a la cabeza, por haberse concertado para violar las garantías individuales de la periodista.

Aseguró que hubo un “aprovechamiento y uso ilegítimo del aparato de gobierno en contra de una persona y a satisfacción de otra”. Más todavía, que se trató de “una componenda” en la que se violaron los principios de división de poderes, del federalismo y de la independencia judicial y en la que Marín actuó “como si la ley se materializara en su persona”.

Encargado también de las investigaciones en curso sobre violaciones a las garantías individuales en Oaxaca y San Salvador Atenco, en el estado de México, Silva Meza integró 131 expedientes para el juicio, en los que se incluyen 127 videos con las declaraciones, entre otras, de las autoridades señaladas. Todas comparecieron, menos Marín.

El gobernador hizo uso de su derecho de audiencia, en septiembre pasado, con una simple declaración por escrito, en la que según el ministro Genaro Góngora Pimentel dejó ver la indiferencia hacia la comisión investigadora.

En su escrito Marín no negó la autenticidad de la conversación con Nacif, en la que entre otras cosas le dice al empresario: “ya ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a Cacho Ribeiro”, mientras que el textilero asegura: “yo te hablé para darte las gracias por lo que hiciste”.

Para Silva Meza, esa grabación “no se consideró como un hecho cierto e incontrovertible”, ni fue una “prueba idónea y suficiente”, pero sí podía considerarse con otras pruebas. Mencionó incluso un dictamen pericial de la PGR según el cual la grabación “presenta algunos cortes”, pero sin negar que las voces fueran del gobernador y de Kamel Nacif”.

Fuera de esa conversación no hubo imputación directa contra Marín. Ninguno de los funcionarios vinculados reconoció haber recibido alguna instrucción de su parte para que gestionara o actuara de forma tal que influyera en el desarrollo irregular del proceso penal.

Pero eso no significa que no existieran elementos para demostrar su injerencia, dijo el ministro instructor: “Son suficientes la existencia de irregularidades, sustracción de evidencias, cambio de personal, desaparición de áreas, intervención de particulares en la función pública, en todas las etapas del proceso”.

Las pruebas reunidas en la investigación incluyen información de instituciones públicas y privadas, entre ellas empresas de telefonía y radiocomunicación, la red telefónica que tejieron los involucrados, y las llamadas intervenidas a varios de ellos por orden de una juez de distrito.

Pero también, datos sobre lo que desató “el ánimo vengativo del empresario” y motivo del libro: las redes de explotación sexual infantil. Con información de la PGR y de los propios estados implicados reportó un total de 9 mil 85 casos de delitos sexuales cometidos contra menores. Además, entrevistas con menores víctimas de esa explotación.

El entramado telefónico no reveló identidad de quienes participaron en las conversaciones telefónicas ni su contenido, pero explica por qué algunos de los funcionarios negaron haber tenido esas conversaciones.

Uno de ellos fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, quien ante la comisión investigadora primero negó cualquier entrevista con Nacif y sus abogados. Luego cambió su postura.

Para Silva Meza las “inconsistencias, contradicciones y falsedades de las declaraciones de los funcionaros que intervinieron en los hechos” tuvieron la intención de desviar la investigación constitucional”. Fue una “actitud contumaz y deliberada” en la que la narración de los hechos no se apegó a la realidad y sí, en cambio, ocultó información.

Todas las consideraciones de Silva Meza se vinieron abajo con lo que el ministro Mariano Azuela describió como “la democracia judicial”.  

Derecho a la verdad

Fue vano el intento del ministro Góngora Pimentel cuando se sumó de inmediato al proyecto de Silva Meza con una estrategia efectista con la lectura íntegra, desde el máximo tribunal del país, de la grabación de la conversación telefónica entre el góber precioso y Kamel Nacif y que describió como “una pequeña historia de la que no cito autor ni título porque es del dominio popular”.

Continuó: “todos escucharon esta conversación, pero algunos opinan que tenemos que taparnos los oídos ante esa evidencia por algo que supuestamente dice la Constitución; ¡digo!, supuestamente, porque contrario a esas posturas yo estimo que las grabaciones telefónicas que dieron origen a la investigación sí pueden ser tomadas en cuenta en esta indagatoria”.

Hizo una defensa por el “derecho a la verdad” y se encaminó hacia uno de los afectados con la decisión de la Corte: ¿Cuántos periodistas se abstendrán de publicar libros, por temor a una represalia, como la que sufrió Lydia Cacho, máxime, viendo que a casi dos años de los sucesos, los responsables siguen impunes? Es algo que nunca sabremos, y por ello, es una tragedia para la libertad de expresión”.

Y describió una escena: “Una mujer fue aprehendida por ocho hombres, sin mostrársele orden de aprehensión, trasladada en automóvil durante 20 horas escoltada por hombres, de noche, seguida por una Jepp Liberty, acciones que como señala el ponente (Silva Meza) produjeron en Lydia Cacho temor por su vida”. Esto es lo que se trató de hacer con el coscorrón. “Es indudable la tortura psicológica”.

Con ese alegato concluyó la sesión. Al día siguiente, el martes 27 de noviembre, Aguirre Anguiano fue el encargado de quitarle la carga de pederastia y pornografía infantil a la resolución de la Corte mediante incontables descalificaciones a la investigación de Silva Meza.

Resultado de más de un año de investigaciones que estuvieron a cargo de Silva Meza por mandato de la propia Corte, el dictamen fue desechado en las sesiones del martes 27 y jueves 29 de noviembre, cuando finalmente se exoneró “por falta de pruebas” al llamado góber precioso. (Foto: La Jornada)

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación no es, ni puede, ni debe tratar de constituirse en un súper fiscal, ni siquiera en un fiscal; vamos, ni en un fiscalito. Si trata de hacer cualquiera de esto está fallando a su misión constitucional.

 “La comisión extrapoló notoriamente el mandato que le dio el pleno (y a pesar de ello) no encontró nada al respecto o no hizo nada. ¿Qué fue lo que hizo? Obtener algunos datos de internet, solicitar información sobre la incidencia en la comisión de delitos de índole sexual cometidos en contra de menores… Se metió en temas que no eran de su incumbencia”. Lo apoyaron Azuela, Valls y Luna.

El “sí” monosilábico

Perfilada la exclusión de la pederastia y la pornografía infantil del fallo, Silva Meza preguntó sobre lo que pasaría con las pruebas de su investigación.

Sergio Valls, ministro que fue diputado del PRI y alto funcionario del priismo, le respondió: “pues lo que puede acordarse es dar vista a las autoridades competentes con todo lo que ahí está; pero eso no quiere decir que forme parte de la investigación que se restringe a la violación de garantías individuales”. La posición fue compartida por Mayagoitia, incluso por obligación del Código Penal Federal.

Pero a Aguirre Anguiano no le pareció: “Si estuviéramos hablando de un real contexto, pudiéramos a lo mejor tomar en cuenta lo que dice el señor ministro Valls, pero resulta que si es contexto ¡qué contextillo! (La investigación) Tomó en cuenta a Jalisco, Puebla, Quintana Roo y a la General de la República, ¡ah, perdón!, y a internet. ¿Ése es el contexto nacional?”

Aguirre Anguiano criticó la intervención de las líneas telefónicas de los funcionarios poblanos investigados. “Hubo un agravio a la soberanía o a la autonomía del estado”. Pero sobre todo, se enfocó en la grabación de la conversación entre Marín y Kamel Nacif al poner en duda que realmente hubiera existido la llamada. “No vi diligencia alguna para demostrar que la conversación se dio”.

Gudiño Pelayo le reviró y fue más allá: “Mi convicción es que sí hubo ese concierto de autoridades para perjudicar… “para darle un coscorrón” a una persona utilizando a la procuraduría y al Poder Judicial”.

Cossío Díaz incluso remitió una carta de Kamel Nacif al periódico El Universal, del 19 de septiembre de 2006, en la que reconoce que habló en esas conversaciones, aunque Azuela dijo después que el textilero en realidad se refería a las conversaciones que tuvo con el diputado Emilio Gamboa, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, y Succar Kuri.

Al final, sólo Cossío y Góngora insistieron en que la grabación sí debía considerarse como prueba, aunque Silva Meza precisó que debía considerarse en relación con otros indicios.

La sesión del jueves 29 fue para acabar de allanarle el camino a Marín. Su principal defensora fue Sánchez Cordero, una declarada promotora de su género que a pesar de que reconoció que hubo tortura psicológica contra Cacho, negó que las libertades constitucionales de expresión y opinión hayan sido motivo de inquisición judicial o administrativa.

Aguirre Anguiano rechazó en todo momento que la periodista haya sufrido tortura. Y apuntó: la tortura “no es más que un procedimiento ilegal, pero no se puede desconocer que a través de ella se puede llegar a la verdad”. La señora Cacho, dijo, no sufrió violación ni grave ni leve a sus garantías.

Pero en lo que fue la más abierta y clara defensa de Marín en esa sesión, Sánchez Cordero señaló: “No existe una prueba contundente, ni el enlace de ellas, en donde nos permitan afirmar, sin lugar a dudas de que efectivamente el gobernador de Puebla dictó esas órdenes para que se concretara esta violación” aludida. No hubo, por tanto, concierto con las autoridades de Quintana Roo.

Como ella y Aguirre, salieron en defensa del gobernador Luna, Azuela, Valls y Ortiz Mayagoitia. Infructuosa fue la oposición de Cossío, Góngora, Gudiño y Silva Meza, quien al responder a las interrogantes sobre la violación grave de garantías, el concierto de autoridades y la posibilidad de determinar la responsabilidad de las autoridades, sentenció:

“Mi respuesta obvia par ustedes es la de un ‘sí’; un sí monosilábico pero que encierra todo un contenido de una convicción plena que tiene sustento en una investigación seria y profesional, realizada por mandato de este tribunal pleno… Tengo la convicción plena de que en un estado constitucional y democrático de derecho, la impunidad no tiene cabida”.

Ante la ola de críticas que de inmediato generó el fallo, los ministros Luna y Valls salieron la mañana del pasado viernes 30 de noviembre para negar que la Corte haya generado impunidad, pues “otras autoridades podrán investigar las denuncias de explotación sexual infantil”.