REVISAR PARA UNA VERDADERA REFORMA

La Reforma Educativa propuesta por Peña dentro del marco de las que denomina “reformas estructurales”, continúa suscitando un gran número de protestas en todo el país. Horror: ha costado ya 11 vidas –a causa de que al Gobierno Federal se le salió de control el uso de la fuerza el pasado 19 de junio en Nochixtlan, Oaxaca-.
    Por ello, lo menos que le han dicho a Peña ha sido “insensible”. Uno de los obispos de la iglesia Católica (Raúl Vera, de Saltillo) lo calificó de asesino y represor –refrescando la memoria de cuando ordenó reprimir y asesinar a manifestantes en Atenco-.
    El escándalo a cubierto todo el camino de tal Reforma. Realmente, tal modificación al sistema educativo tiene alcances más profundos que no se mueren en el conflicto de docentes contra gobierno y Gobierno Federal contra sindicatos.
     Intelectuales, académicos y políticos, nacionales e internacionales rechazaron “la campaña de desprestigio y la brutal represión que desde el Gobierno federal se está aplicando contra los maestros y maestras de México”.
    El sociólogo Pablo Gonzáles Casanova (ex Rector de la UNAM); el defensor de derechos humanos, Miguel Concha Malo; el académico, Carlos Fazio; los escritores Adolfo Gilly y Gustavo Esteva; los políticos Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Alejandro Encinas; el periodista Fabrizio Mejía Madrid; el poeta Víctor Toledo; el referido Raúl Vera; el cura, Alejandro Solalinde; el secretario del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza (entre otros); una lista compuesta por 65 connacionales, 57 internacionales (de 16 países), 17 movimientos nacionales y 80 organizaciones pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas (Red TDT) han exigido a Peña: “que cese la persecución hacia los manifestantes”, “…no a la fuerza para solucionar éste y cualquier otro conflicto, sobre todo en un país marcado por la violencia y la impunidad”,
    Parece urgente que el Gobierno Federal reconsidere si con sus acciones logró –aunque sea un poquito más- “asegurar la educación integral, de calidad, de todos los niños y jóvenes del país”; revalore si, además, fomentó “la equidad e inclusión en la educación” logrando la disminución “de las desigualdades en el acceso a los servicios educativos” y, evalúe si con sus decisiones, logró “aumentar la participación de la sociedad” y consiguió “involucrar a los padres de familia en el mejoramiento del sistema educativo”.
    ¿En qué cabeza cuerda cabe el que a los policías federales heridos en Nochixtlan, les den servicio médico de calidad en una Clínica del IMSS –privilegiándoles-, y a los padres de familia y maestros heridos –sin contar los 11 asesinados- se le encierre en una templo y luego se les saque hacia la desaparición –excluyéndoseles-? ¿En qué cabeza decente cabe como lógica la expresión de que los 11 muertos “no eran maestros”? ¿Por el hecho de que no fuesen maestros tiene autorización el Gobierno Federal para asesinarles?
    Por ahora más se ven como una treta o maniobras para recuperar el control político de la educación por parte del Gobierno Federal, mismo que ha perdido hace décadas dejándoselo a los Sindicatos de maestros –o de no docentes- y a los consorcios de paga y ganancias de empresas y empresarios –que han hecho comercio de la educación y un gran instrumento de lucro-.
    ¿Qué trabajo o esfuerzo le puede costar a Peña y al Gobierno Federal el que revise la Reforma Educativa?
    ¿Qué conflicto de interés puede estar por encima del Gobierno Federal para inquirirse si su Reforma está o no evidentemente lejos de fortalecer una política de Estado en materia de educación en México?
    Pero más allá de esos escándalos –que realmente son muchos-, más allá de esos conflictos que ocupan el universo mediático de la Reforma Educativa, tal Reforma toca áreas y temas de gran calado. Se requiere en serio, pero con base en una consulta nacional.
    Urgen en el Sistema Educativo Nacional elementos que impulsen su mejoramiento y le fortalezcan; que aseguren la obligación del Estado de garantizar la calidad de la educación pública obligatoria en preescolar, primaria, secundaria y media superior; que concreten la creación de un servicio profesional docente; y que privilegien el establecimiento de un Sistema Nacional de Evaluación.
    Urgen reformas a leyes: a la Ley General de Educación (LGE), a las recientemente promulgadas Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; y notoriamente al marco para el financiamiento de la educación (a la Ley de Coordinación Fiscal).
    Urgente, necesario, tener un censo real, único y uniforme de docentes -el gobierno federal carece de un censo único- (que no son sometidos a evaluaciones periódicas para revisar la calidad de sus clases y su asistencia, ni se le brinda capacitación); triplicar la infraestructura en inmuebles y mobiliario y en utensilios didácticos.
    Aunque el Gobierno responsabiliza en gran medida a los maestros de los bajos niveles de educación en el país, los gobiernos -tanto de priistas como de panistas- han fallado seriamente en el rubro.