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JUZGADOS FEDERALES EN TABASCO ENTORPECEN LA RESOLUCIÓN DE AMPARO COLECTIVO, PRESENTADO POR COMUNIDADES DE CÁRDENAS Y HUIMANGUILLO, TABASCO.

Han pasado más de tres años desde que en el mes de junio de 2013, habitantes de diversas comunidades de la zona costera de los municipios de Cárdenas y Huimanguillo presentaron ante juzgados federales en Tabasco un AMPARO COLECTIVO, que busca la reparación de los daños originados por PEMEX por sus malas operaciones, así como por las omisiones y falta de actuación de diversas dependencias federales, tales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 
    Tales actuaciones y omisiones han provocado violaciones a los derechos fundamentales de las personas que habitan en Cárdenas y Huimanguillo, debido a que durante años han permitido que PEMEX contamine las tierras, el agua, el aire, además de dañar su patrimonio, sin que se tomen medidas adecuadas para prevenir que esta situación continúe sin reparar los daños.
    Con este AMPARO COLECTIVO, los habitantes de estas comunidades rompen un ciclo vicioso promovido por PEMEX, quién acostumbra a manejar arreglos mediante la entrega de una compensación que no es suficiente para reparar los daños causado, a cambio de que las comunidades sigan aguantando la forma irresponsable en que la empresa desarrolla sus actividades.
    Las y los habitantes de estas comunidades, quienes dieron su confianza en el Juzgado Cuarto de Distrito en Tabasco –a donde fue turnado este caso-, y en el precepto constitucional de justicia pronta y expedita, queremos denunciar que desde el inicio del caso ha sucedido una serie de incidentes que entorpecen el acceso a la justicia de las y los quejosos.
    Entre los incidentes sucedidos desde que se presentó el AMPARO COLECTIVO en el Juzgado Cuarto, señalamos la rotación constante de jueces, lo que ha retrasado la resolución del amparo, ya que cada nuevo juez que llega debe empezar a conocer el expediente, y atender las objeciones de PEMEX; que en cada oportunidad ha presentado queja contra los acuerdos a presentados en el Juzgado Cuarto, que al ser enviadas al Tribunal Colegiado para su resolución, les ha llevado casi un año dictar una resolución, llegando al extremo de argumentar mal estado de salud de una magistrada para continuar aplazando el curso y análisis de los recursos de queja ante el Tribunal Colegiado.
    Así, nuevamente el 1 de septiembre de este año, con la asistencia de la comunidad a la audiencia, el juez les aseguró a las comunidades afectadas que resolvería “conforme a derecho”, y que se celebraría la audiencia constitucional. 
    Sin embargo, a pocos días de este compromiso, el juzgado notificó nuevamente un aplazamiento en la audiencia, debido a que perdió cientos de fojas de pruebas que las comunidades afectadas habían presentado desde el año 2014, es decir, dos años después, el Juzgado se percató de tal situación.
    Ante esta situación, José Manuel Arias, Director de la Asociación Ecológica Santo Tomás, señaló que “además de ser el Juagado quien perdió la documentación, han condicionado a los afectados para que entreguen nuevamente la documentación, so pena de sanción económica, situación que además de inaceptable es inconcebible, ya que esta situación no ha permitido que el Amparo Colectivo se resuelva, y el juzgado no ha dado prueba de haber iniciado algún proceso de investigación a su interior, para deslindar responsabilidades en cuanto al resguardo de la información que las comunidades demandantes presentaron.”
    “Es por este tipo de actos, así como otros incidentes, que aquí se señalan, que muestran las dificultades a las que se enfrentan las comunidades al tratar de hacer efectivos sus derechos fundamentales, demostrando que el juicio de amparo no es un mecanismo adecuado ni efectivo en nuestro país”, señalo el abogado del caso, Xavier Martínez, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
    Sabemos de la importancia económica que tiene la actividad petrolera en el país, sin embargo, eso no debe ser un pretexto para permitir la violación de los derechos humanos en Tabasco, ni que se realice en contravención a la normatividad existente.
 
Atentamente.
JOSÉ ANTONIO RAMOS CONTRERAS, JULIÁN REYES, MANUEL JIMÉNEZ MENDEZ, JUAN JOSE PEREZ SANCHEZ, PAULO REYES GONZALEZ, GUILLERMO JIMENEZ CORDOVA, ADOLFO VIDAL PEREZ, ANGEL DE LA CRUZ DOMINGUEZ, FRANCISCA DE LOS SANTOS ARENA, BENTURA DEL CARMEN GALLEGOS ZEPEDA, ZOILA CARRILLO IZQUIERDO, MARIA DEL CARMEN JUAREZ GUZMAN, ROSA MARIA SANCHEZ, REYNA GONZALEZ SANTIAGO, HEBERTO PRIEGO COLOME, VIRGINIA RAMOS HERNANDEZ, ANDREA LOPEZ JIMENEZ, EUGENIO HERNANDEZ MORALES, GUILLERMINA JIMENEZ HERNANDEZ, LIVIO CARRILLO ARIAS, MARIA JESUS MORALES TORRES, IRMA VICENTE BROCA, GEORGINA HERNANDEZ CASTELLANOS, EULALUIO JIMENEZ, NOEMI DOMÍNGUEZ VELAZQUEZ, JUAN ANTONIO REYEZ DOMINGUEZ, ANDRES CORDOVA MAYO, MARTHA CELIA GASPAR RUIZ, JESUS SANCHEZ CUPIL, ROSA DOMINGUEZ TORREZ, LEOPOLDO RAMOS RAMIREZ, JORGE CHABLE GOMEZ, LUCIA DE DIOS CRUZ, CANDELARIA GOMEZ HERNANDEZ, CIRILA YZQUIERDO RAMIREZ, NORBERTO GORDILLO DE LA CRUZ, NOEMI GUTIERREZ BURELO, ADAN CARRILLO MARTINEZ Y LUZ MARIA CARRILLO MARTINEZ.
 FRANCISCO XAVIER MARTINEZ ESPONDA.- CENTRO MEXICANO DE DERECHO AMBIENTAL A.C.
MARISA JACOTT.- FRONTERAS COMUNES A.C.
JOSE MANUEL ARIAS RODRÍGUEZ.- ASOCIACION ECOLOGICA SANTO TOMAS A.C.