El domingo 15 de octubre del 2000 se efectuó una jornada electoral cuyos resultados fueron los más cerrados de la historia. Días después el Instituto Electoral de Tabasco (IET) encabezado por Leonardo Sala Poisot declaró ganador al priísta Manuel Andrade Díaz con 288 mil 860 votos (43.31%) por sobre el candidato externo del PRD, César Raúl Ojeda Zubieta, quien obtuvo 281 mil 705. El candidato del PAN, José Antonio de la Vega Asmitia, alcanzó 54 mil 620 sufragios, la cifra más alta del blanquiazul. Participaron otros cuatro abanderado cuya votación conjunta fue mínima, mientras que otros partidos, de los once que en total existían, no postularon para la gubernatura.
Así, la oposición, principalmente el sol azteca, seguía acortando la brecha respecto al partido oficial. El PRD ganó cinco alcaldías y seis diputaciones de mayoría para alcanzar un total de doce con las plurinominales. Antes de la jornada electoral se suscitaron hechos violatorios de la equidad del proceso, como la intervención descarada del gobierno de Roberto Madrazo a favor del PRI y la inequidad en medios de comunicación, principalmente de la oficial Televisión Tabasqueña (TVT).
El 29 de diciembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –luego de las impugnaciones presentadas por el PRD y PAN- resolvió anular el proceso electoral y la victoria del PRI, un hecho inédito que nunca había ocurrido en la historia del país.
El tribunal concluyó que “el gobierno del estado de Tabasco no fue neutral en la elección de gobernador”, lo cual implica una afectación al libre sufragio. Las irregularidades no fueron “hechos aislados” y haciendo un enlace de las anomalías se determinó que “se afectaron los principios de legalidad, certeza, imparcialidad e independencia”.
Es un “atropello” a la entidad, se quejó Madrazo, quien sufría así un golpe momentáneo de cara a sus aspiraciones por la dirigencia nacional del tricolor, en un contexto en el que no había primer priísta tras derrota de ese partido y su candidato Francisco Labastida en las elecciones presidenciales.
Sin gobernador electo a unas horas del relevo, la Cámara de Diputados madrazista reformó diversos párrafos del artículo 47 de la Constitución para ampliar el periodo del interino hasta 18 meses y permitir que éste fuera nombrado por la mayoría simple. Además, lo designaría la legislatura saliente y no la próxima. De esa forma, el diputado federal Enrique Priego Oropeza tomó protesta para el interinato el 31 de diciembre.
Sin embargo, el nuevo Congreso designó el primer día de 2001 como segundo interino a Adán Augusto López Hernández, quien posteriormente declinó a favor de Priego, no sin antes dejar plantados a la dirigencia, diputados y militancia perredista, que le habían brindado su apoyo y eligieron Plaza de Armas como sede alterna para su toma de protesta, la cual se efectuaría el día 2.
La fecha de las elecciones extraordinarias se fijó para el 5 de agosto de 2001, y Andrade fue declarado ganador con 364 mil 688 sufragios (50.7%), superando a Ojeda (apoyado por el PRD, PT y PVEM), que obtuvo 330 mil 721 (45.9%). El blanquiazul, que cambió de candidato y postuló a Lucio Lastra Marín obtuvo 14 mil 949.
Con la presencia del primer presidente panista Vicente Fox Quesada, Andrade tomó protesta como gobernador el 31 de diciembre de 2001, en un Congreso blindado por guardias del Estado Mayor Presidencial.
Nacido en 1965, Andrade comenzó joven en actividades del PRI y desde sus inicios estuvo envuelto en conflictos políticos. Bajo el cobijo de Salvador Neme Castillo, como dirigente del Frente Juvenil Revolucionario (FJR) tomó la sede estatal del tricolor en 1991, en protesta porque el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) anuló el proceso interno en el que el gobernador trató de imponer a su amigo Jesús Madrazo Martínez de Escobar como dirigente estatal del PRI por sobre Carlos Prats. Andrade y los suyos llegaron incluso a quemar un monigote que representaba a Luis Donaldo Colosio, líder del comité nacional que invalidó el proceso.
Luego logró imponer como sucesor en el FJR a Isidro de la Cruz Alejandro (actual director administrativo de la CEAS), en un proceso que fue cuestionado por algunos consejeros del organismo. Como diputado local en 1992, Andrade arremetió contra los huelguistas de hambre que permanecieron a las afueras del Congreso en demanda del reconocimiento de Aquiles Magaña García como dirigente del sindicato de burócratas, a los que tachó de “subversivos” y “agitadores”. En 1994 fue representante electoral del PRI durante el proceso, y luego, nombrado por Madrazo subsecretario de Desarrollo Político, para posteriormente ser dirigente estatal del PRI, entre 1996 y 1998. En este año regresó al Congreso para ser presidente de la Gran Comisión, antes de ser candidato al gobierno.
El de Andrade fue un gobierno gris, aunque con menos escándalos de corrupción en comparación con otras administraciones. Sin embargo, el estado tampoco despegó. De inicio tuvo que lidiar con la división política, propiciada por un PRD que nunca lo reconoció, y que seguía acusándolo de haber llegado a través del fraude, propiciado, entre otras cosas, por los enormes gastos de prensa en su favor realizados por el interinato de Priego Oropeza.
Apenas habían transcurrido catorce días del nuevo gobierno, cuando dirigentes, diputados y militantes perredistas tomaron la sede del IET para exigir la renuncia de los consejeros electorales (Estalin Velazquez León había sustituido desde inicios del 2001 como presidente a Sala Poisot). “Aquí hay una mafia que se ha apropiado del IET, que sirve a los intereses del PRI, que permite el uso indiscriminado de los recursos públicos en tiempos electorales”, señaló frente a los integrantes del consejo el diputado federal Auldárico Hernández Gerónimo. En tanto, el organismo electoral seguía lanzándose contra los adversarios del gobierno, como cuando ordenó el embargo de bienes al PVEM (encabezado por María Ramírez Vichel) por una multa no pagada de 27 mil 557 pesos.
Uno de los primeros escándalos en el gobierno de Andrade fue cuando se denunció que el secretario de Seguridad Pública, Juan Cano Torres, había ingresado a la universidad con un certificado apócrifo expedido por el Colegio de Bachilleres de Tabasco. Sin embargo, el policía se mantuvo todo el sexenio en el cargo.
Durante gran parte del quinquenio de Andrade, el estado fue líder en suicidios. A mediados del 2002, por ejemplo, ya 129 personas se habían quitado la vida.
Ese año Andrade incorporó a Graciela Trujillo como titular de la Sedespa. Cuando le preguntaron a su padre, el ex gobernador Mario Trujillo sobre el nombramiento, éste respondió: “qué lo indujo a Manuel Andrade, para darle la secretaria que dio a mi hija Graciela, lo ignoro, pues creo que puede ser que (fue) porque no está pendeja, no”.
A lo largo del quinquenio, esa dependencia fue acusada de despilfarrar más de 36 millones de pesos en un plan de rescate al Vaso Cenciali que no funcionó. Además, la familia de la funcionaria fue beneficiada por el gobierno con la renta de aviones a la empresa Aerolíneas Ejecutivas S.A. de C.V., propiedad de Mario Cobo Trujillo, hijo del empresario Ignacio Cobo y de la titular de la Sedespa.
En 2006, el PRD presentó una denuncia penal en la Procuraduría General de la República (PGR) contra el gobierno de Andrade por rentar con fondos públicos un jet Falcón 20 matricula XAPCC para asistir a un acto de campaña de Roberto Madrazo el 19 de enero de ese año.
El secretario de Organización del sol azteca, Roberto Romero del Valle, acusó tráfico de influencias del gobierno de Andrade al rentar el jet a la empresa propiedad de un hijo de la titular de Sedespa. El recurso fue desechado.
En el 2002 en el Congreso, mientras tanto, los diputados se pusieron de acuerdo para autorizarse un aumento en sus dietas de 40 a 50 mil pesos mensuales. “Es justificado y obedece al trabajo desempeñado por cada representante popular en el Congreso”, coincidían algunos. En la siguiente legislatura se lo volvieron a incrementar a 67 mil 500, para quedarles los 50 mil libres de ISR, que es a como está –dicen- hasta ahora.
El 28 de abril de ese año, la Cámara de Diputados aprobó la cuenta pública 2001 de Priego Oropeza, ejercicio en el que manejó alrededor de 16 mil 400 millones. El PRD calificó el hecho como un “artero atraco” y denunció la exclusión de obras con irregularidades como el penal de Huimanguillo y la terminación del nuevo Hospital Juan Graham Cassasus.
La administración de Andrade tampoco investigó a fondo la corrupción del gobierno de Madrazo. En abril del 2003, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio carpetazo a una denuncia que diputados perredistas presentaron en 2001 contra el ex gobernador por peculado y enriquecimiento ilícito. La contraloría, a cargo de Candita Gil, únicamente inhabilitó al ex director de Obras Públicas, José Luis Legorreta Rueda, por observaciones en la construcción del Juan Graham.
En las elecciones del 19 de octubre del 2003, organizadas por un nuevo consejo electoral que no estuvo exento de denuncias de corrupción, el PRI sufrió su primera gran derrota, al triunfar el PRD en once alcaldías y sumar 17 diputaciones estatales, incluyendo plurinominales. El proceso fue calificado como un “pleito de perros” por el gobernador Andrade.
En el segundo año de Andrade, aprovechado sus últimos días como mayoría, el PRI y aliados perredistas aprobaron la creación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) para sustituir a la Contaduría Mayor de Hacienda. Se nombró como fiscal superior a Francisco Rullán Silva, quien en ese cargo, año tras año era denunciado públicamente por maquillar las cuentas públicas de Andrade y Andrés Granier, hasta su salida de esa instancia en abril del 2013.
En diciembre de 2004, el PRD usó su ventaja en el Congreso para, en alianza con el PAN, reprobar la cuenta pública de un año antes de Andrade Díaz. Fue la primera vez que no se aprobó un ejercicio gubernamental. Entre las anomalías mencionadas estuvo un excesivo gasto de 42 millones de pesos en la renta de aviones, un sobre giro de más de 3 mil millones de pesos, y la construcción de obras de mala calidad, como el centro deportivo Olimpia XXI, entre otras.
Otra dependencia con anomalías fue Sapaet. Fuera del cargo, Gaspar Córdova Hernández dijo que contaba con documentos “comprometedores” para Andrade. El asunto no pasó a más. Por problemas internos, los diputados Francisco Filigrana y Benjamín Mendoza Chablé salieron del sol azteca y le hicieron perder su mayoría. Con la desaparición de la Gran Comisión y el surgimiento de la Junta de Coordinación Política, el PRD cedió el control del Congreso a las otras bancadas.
El gobierno de Andrade tampoco pudo superar los rezagos educativos.
Durante una visita del presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados Federal, Salvador Martínez DellaRocca, a la entidad, detalló en 2004 que el analfabetismo llegaba a 9 por ciento, había 310 mil sin primaria y el 88.7 por ciento estaban excluidos de la educación superior.
Aunado a eso, los problemas entre el dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo Pintado, y la líder del SNTE Elba Esther Gordillo dividieron al magisterio tabasqueño.
El gobierno de Andrade operó el desmembramiento del SNTE para que surgiera el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco (SITET). El origen del conflicto fue la disputa por la dirigencia de la sección 29 del organismo nacional entre el candidato de línea David Alonso Aguirre y la disidencia organizada en la Alianza Magisterial.
Tras un proceso violento, resuelto en tribunales, Aguirre quedó como dirigente de la sección 29 del SNTE, y Moisés Valenzuela Rodríguez asumió en el SITET. De éste se desprendió hace algunos años otro gremio.
Actualmente, son tres organizaciones magisteriales con las que el gobierno tiene que tratar.
El gobierno de Andrade tampoco cumplió con la realización de obras de protección contra inundaciones. En noviembre de 2007, cuando Tabasco había sufrido los estragos de las inundaciones, PEMEX informó a una comisión investigadora de daños ecológicos causados por la petrolera que durante el gobierno de Andrade transfirió más de mil 286 millones de pesos, en efectivo y especie, para la construcción de obras contra inundaciones y de vivienda para reubicar a familias en zonas de alto riesgo. La paraestatal señaló que no había evidencias que esos recursos hayan sido aplicados.
Tras haberse llevado el carro completo en Tabasco en las elecciones federales de julio del 2006, impulsado por el efecto López Obrador, parecía que era inminente el triunfo del PRD en las elecciones de gobernador cuatro meses después. Sin embargo, el viejo partido recurrió a sus mañas de siempre y aprovechó los errores y la desidia de la oposición para retener por última vez el gobierno estatal y su jugoso presupuesto.
