Si bien es cierto que, en este momento no hay una carpeta de investigación en contra del exgobernador y líder del Senado, Adán Augusto López Hernández, eso no significa que esté libre de sospechas, pues a medida que brota la información sobre la “pudrición” que había alrededor de su exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Requena, más inverosímil resulta su versión de que no sospechaba en lo que estaba metido el “Comandante H”.
La prensa nacional se ha encargado de hurgar el historial delictivo del líder de “La Barredora” y en esos reportes periodísticos ha salido a relucir, entre muchos aspectos turbios y acciones que contradicen la versión de Adán Augusto.
Y por si eso fuera poco, la Secretaría de Gobernación suspendió las actividades de las casas de apuestas pertenecientes a Humberto Bermúdez Requena, que operaban tanto en línea como de manera presencial, y que López Hernández le renovó cuando era el titular de esa dependencia en 2022.
Según una información del diario La Jornada, las autoridades de Gobernación “detectaron transferencias atípicas, movimientos financieros inusuales y posibles esquemas de simulación fiscal”.
La presidenta ha sido muy clara en su postura: no se protegerá a nadie, y ha insistido, a pregunta de reporteros que cubren la mañanera, que “hasta el momento”, léase bien, no hay una indagatoria abierta en contra del senador. Eso no significa que eso no vaya a ocurrir, máxime si surge información que lo relacione con actividades ilícitas si no por acción por lo menos sí por omisión.
Por ejemplo, el portal digital Eme Equis publicó recientemente que, en los gobiernos de Arturo Núñez y Adán Augusto, creció el robo de combustible vinculado al grupo criminal que lideró Bermúdez Requena, “La Barredora”.
Según ese medio, “el grupo operó con protección política, extrayendo hidrocarburos mediante tomas clandestinas y cargamentos desde la refinería Dos Bocas. Informes de inteligencia apuntan a una red de complicidad que alcanzaría al círculo cercano de Adán Augusto López”.
“Durante la pandemia, el delito se contrajo, pero al término de ésta incrementó sus operaciones; a la par, una disputa por el control territorial es librada en Tabasco entre La Barredora, cuyo origen está ligado al poder político y las alianzas criminales, y los cárteles asentados en este territorio que bordea el Golfo de México: Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa (CDS) y Cártel del Golfo (CDG).”
El reporte señala que a partir del gobierno de López Hernández “el huachicol alcanzó su máximo histórico: 535 tomas clandestinas, con nuevos territorios involucrados y el regreso del robo de gas LP.
“En 2020 bajó a 262 tomas, pero en 2023 volvió a repuntar con 397 en refinados y 20 en gas LP. Ese año también marcó una ruptura clave: La Barredora se escindió del CJNG, provocando una guerra aún más violenta, con cuerpos decapitados y enfrentamientos públicos”.
El año pasado, se registraron más de 300 ordeñas de ductos petroleros. Según Eme Equis, “los cuestionamientos por el alza delictiva y la conexión política de La Barredora alcanzaron al gabinete de Carlos Merino Campos y posteriormente a su jefe político: Adán Augusto.”
Con todo lo que ha salido a la luz, es difícil sostener que la máxima autoridad de un estado no haya estado enterada de lo que pasaba con un subordinado que hacía al mismo tiempo las funciones de policía y de jefe mafioso.
LA SOMBRA DE LASTRA
El Universal lo planteó así en su edición impresa de hoy: “Dos gobernadores, un fiscal y un general nunca sospecharon de Hernán Bermúdez. El extitular de Seguridad convivió de cerca con funcionarios estatales y federales durante el tiempo en que Adán Augusto gobernó la entidad; todos desconocían sus nexos con La Barredora”.
El fiscal al que alude El Universal era Jaime Lastra Bastar, actual diputado federal y quien designó a Bermúdez Requena director de la Policía de Investigación de la FGE y permitió que este nombrara a Ulises Pinto Madera, detenido el miércoles pasado por fuerzas federales en Jalisco, su subalterno y era, según reportes de inteligencia militar, el segundo al mando de “La Barredora”.
Ese medio dijo que el fugitivo recibía “órdenes directas de López Hernández y de Carlos Manuel Merino Campos” y “convivió de cerca” con otros funcionarios del gobierno, como Marcos Rosendo Medina Filigrana, quien era en ese entonces secretario de Gobierno y actual presidente de la Mesa Directiva del Congreso local.
De Hecho, Medina Filigrana aparece en las fotos de cuando López Hernández le tomó la protesta de rigor a Bermúdez Requena cuando asumió la secretaría de Seguridad el 11 de diciembre de 2019 y atestigua el hecho, Ángel Mario Balcázar, el secretario saliente.
El “yo no sabía” no es justificable en ningún caso en este asunto. Esa versión ha caído por su propio peso, es insostenible y, a la luz de los hechos recientes, se convierte en una agravante más. La frase “todo lo que digas será usado en tu contra” cobra más vigencia en este espinoso asunto.
Esa es la razón por la cual la presidenta ha sido muy insistente en señalar que su gobierno no encubrirá a nadie, sea quien sea. No hay modo de zafarse, mucho menos decir que no “sospechaba”, porque entonces las sospechas arreciarán, tal y como lo estamos viendo con todo lo que ha salido a la luz pública. Sin duda, hay una operación limpieza en marcha.
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