El congelamiento de las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con las de sus familiares, socios y empresas relacionadas, ha generado un escándalo significativo que impacta a figuras políticas como Jaime Lastra Bastar y Adán Augusto López Hernández, por el hecho de que ellos dos lo nombraron, respectivamente, director de la Policía de Investigación y titular de la SSPC, y en el caso particular del actual diputado federal, él permitió que el fugitivo tuviera de colaborador en la corporación de la Fiscalía General del Estado a Ulises Pinto Madera, el número dos de la organización criminal “La Barredora” y detenido el miércoles pasado por fuerzas federales en Jalisco.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ordenó el bloqueo de las cuentas de Bermúdez Requena, sus socios, familiares y empresas vinculadas, el viernes pasado, como parte de una investigación por presunto lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, corrupción y esquemas de simulación fiscal.
Paralelamente, la Secretaría de Gobernación suspendió actividades de empresas de juegos y apuestas ligadas a los familiares de Bermúdez, lo que amplía el alcance de las medidas.
Bermúdez Requena fue nombrado secretario de Seguridad en 2019 por Adán Augusto, entonces gobernador, y ratificado en 2021 por Carlos Manuel Merino Campos, a pesar de informes de inteligencia militar que ya lo vinculaban con el crimen organizado.
Esta relación data de al menos 1992, cuando ambos formaban parte del entorno político del entonces gobernador Manuel Gurría Ordóñez. Adán Augusto ha negado sospechar de los vínculos criminales de Bermúdez, afirmando que solo supo de "La Barredora" tras las filtraciones de Guacamaya Leaks en 2022, cuando ya era secretario de Gobernación.
Sin embargo, publicaciones en redes sociales y reportes periodísticos sugieren una relación más estrecha, incluyendo la autorización de casas de apuestas a Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán, registradas por Adán Augusto como notario en 2017 y renovado durante su gestión en Gobernación.
Lastra Bastar, actual diputado federal de Morena, es señalado como el responsable de llevar a Bermúdez a Tabasco en 1992, cuando era procurador de Justicia en el gobierno de Gurría Ordóñez.
Desde entonces, se describe un "triunvirato" entre Lastra, Bermúdez y Adán Augusto, que ha operado durante tres décadas en la política tabasqueña. Lastra también fue fiscal general de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto, lo que refuerza su cercanía con Bermúdez.
Las acusaciones contra Bermúdez, quien es señalado como líder de "La Barredora" y enfrenta una orden de aprehensión desde febrero de 2025 por asociación delictuosa, extorsión y secuestro, han generado cuestionamientos sobre la responsabilidad de Adán Augusto y Lastra.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha aclarado que no hay una investigación formal contra Adán Augusto, pero la presión política persiste, con denuncias del PAN y señalamientos en redes sociales que sugieren un "golpe político" o un intento de exponer la "pudrición" en Tabasco.
El gobernador Javier May ha enfatizado que el daño causado por Bermúdez es grave y que su administración busca sanear el estado.
Las medidas de la UIF dificultan la capacidad de Bermúdez Requena para evadir la justicia, pero su paradero sigue siendo desconocido. Al limitar los recursos financieros de Hernán, quien está prófugo desde febrero y enfrenta una ficha roja de Interpol, el congelamiento dificulta su capacidad para mantenerse en la clandestinidad, financiar su fuga o pagar redes de apoyo. Esto es especialmente relevante dado que se presume que huyó a Brasil, aunque se desconoce si sigue en ese país o no.
QUE TODO SE ACLARE
El congelamiento de activos y las investigaciones en curso complican la situación de López Hernández y Jaime Lastra, al exponer su relación de larga data con Bermúdez Requena, por sus vínculos con el crimen organizado.
Aunque no hay carpetas de investigación abiertas contra ellos, los señalamientos públicos y políticos, junto con la percepción de "pudrición" en Tabasco, afectan su imagen dentro de Morena y en el contexto político nacional.
La narrativa en medios y redes sociales sugiere que este caso podría tener ramificaciones más amplias, especialmente si se confirman más vínculos con actividades ilícitas.
El bloqueo no solo afecta a Bermúdez, sino también a sus familiares, socios y empresas relacionadas, lo que indica que la UIF está trazando una red más amplia de posibles cómplices o beneficiarios de actividades ilícitas. Esto puede incluir propiedades, vehículos, cuentas de inversión y otros activos financieros.
El congelamiento envía un mensaje de que las autoridades están actuando contra la corrupción y el crimen organizado, especialmente en un caso de alto perfil que involucra a figuras políticas.
En el contexto de Tabasco, donde el gobernador ha prometido "sanear" el estado, esta medida refuerza la narrativa de combate a la impunidad. El aseguramiento de los activos bancarios representa una herramienta vital para desmantelar redes financieras ilícitas, presionar a Bermúdez como prófugo y enviar un mensaje de combate a la corrupción, aunque también intensifica el escrutinio sobre Adán Augusto y Lastra.
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