Tomó por sorpresa la detención del general Víctor Hugo Chávez Martínez, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y ex coordinador estatal de la Guardia Nacional en Colima.
Aunque oficialmente ninguna autoridad federal ha expuesto las causas por las cuales fue arrestado, de manera extraoficial trascendió que fue por una denuncia presentada en su contra por el delito de abuso sexual.
No tiene nada que ver con su desempeño como titular de la SSPC, mucho menos con todas las especulaciones que han surgido como cascada a raíz de que se hizo pública su arresto.
Lo peor del periodismo, ese que destila odio y resentimiento, enseguida comenzó a golpear con este asunto al gobernador Javier May Rodríguez, por haberlo ratificado en el cargo antes de que asumiera la gubernatura, cuando presentó a los integrantes de su gabinete.
Dieron por ciertas las acusaciones que se le hicieron al general Chávez Martínez en narco mantas colocada por los grupos criminales de que brindaba protección al grupo criminal de “La Barredora”.
Columnistas a sueldo, gatilleros y sicarios informativos, que en los tiempos del PRI-Gobierno actuaron como orejas, dieron rienda suelta a sus calumnias y difamaciones, que Javier May estaba igualmente embarrado que Bermúdez Requena y otras sandeces.
Hubo un columnista que se atrevió a decir que era responsabilidad de Javier May haberlo ratificado, pero nada dijo de que su antecesor, Carlos Manuel Merino Campos lo nombró a recomendación de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Quedaron en evidencia de lo que son, unos calumniadores que sin ninguna prueba más que sus dichos y dichos de delincuentes, acusan, enjuician y juzgan sin la menor consideración, y cuando exhiben esa ruindad se rasgan las vestiduras y acusan censura o persecución, como si realmente fueran líderes de opinión o no son más que mercenarios de la información.
El general no es investigado por tener vínculos con la delincuencia organizada, como se le acusó en redes sociales de manera irresponsable. De otro modo no hubiera sido designado comisionado de la Guardia Nacional en Colima, entidad fue acusado por el presunto delito de abuso sexual, según Radio Fórmula.
NINGUNA RELACIÓN, EXTRAÑAS COINCIDENCIAS
En su portal digital, diario Milenio informó que “fuentes extraoficiales indicaron que la detención (del general Chávez Martínez) no está relacionada con presuntos vínculos con el crimen organizado, específicamente con la organización criminal conocida como “La Barredora”, como se ha especulado en algunos medios de Tabasco”.
De acuerdo a ese medio “la aprehensión obedece, en cambio, a un delito penal que será juzgado conforme a la legislación militar”.
Chávez Martínez fue destituido como coordinador estatal de la Guardia Nacional en Colima, el pasado 4 de junio, dos meses después de haber sido designado en ese cargo. Sin embargo, se hizo pública su destitución apenas el lunes pasado, porque ese día fue detenido, de acuerdo a Milenio, que refirió que la detención se realizó “bajo total hermetismo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).”
Duró escasos dos meses como coordinador estatal de la Guardia Nacional. El pasado 4 de abril asumió esa responsabilidad en un evento que encabezó la gobernadora colimense, Indira Vizcaíno, y dos meses después fue relevado por el general José de Jesús de Lara Ceballos.
El extitular de la SSPC no tiene ninguna investigación en curso por sus presuntos nexos con el crimen organizado que los periodistas a sueldo le atribuyen para tratar de enlodar a Javier May por haberlo ratificado como jefe policiaco.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho con toda claridad que todos que resulten implicados en el caso Bermúdez Requena tendrán que asumir su responsabilidad, que su gobierno no encubrirá a nadie, y ya quedó claro que no, pese a que la captura del general no tenga relación alguna con este asunto, se trata de un delito que no puede tolerarse y menos de un mando castrense de jerarquía.
Así que los calumniadores tendrán que tragarse sus propias palabras. En cambio, no dicen ninguna palabra de lo que se ha publicado en la prensa nacional acerca de todos los vínculos políticos y empresariales que “el clan Bermúdez” armó, ni de quién dio fe como notario público de las empresas que utilizaron para conseguir contratos millonarios de obras públicas y empresas fachada para lavar dinero.
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