PROTECCIÓN OFICIAL A JAVIER DUARTE II

Abordé el Caso JaviDu, para demostrar que la Fiscalía anticorrupción del Gobierno Federal, al ser creada como una dependencia de la PRG -Peña así la creó-, no servirá para nada; esa Fiscalía será un “elefante blanco”, acumulará denuncias, quejas y datos que nunca servirán para combatir la corrupción galopante que opera en el gobierno, ni para castigar y sancionar a los delincuentes de “cuello blanco” y menos para recuperar los fondos abultados desviados a cuentas particulares que son de la nación.
    Ya esa ineficiencia, inoperancia, inutilidad, ese burocratismo y “tortuguismo” que caracteriza a la PGR se repite en los pocos Estados en donde la Fiscalía “anticorrupción” ha sido creada como dependencia de las Procuradurías estatales. Insistí  en que en los Estados hay que evitar a toda costa que este esquema se repita si realmente se tiene vocación de honradez y de rendición de cuentas en la administración pública.
    Las Procuradurías en los Estados, al igual que la General de la República en el fuero federal, no pueden, no son aptas, no dan resultados en la investigación y castigo de delitos y delincuentes comunes, mucho menos los dan en investigar y castigar delitos y delincuentes de corrupción.
    Si además del inmenso cúmulo de delitos que tienen que investigar y procesar las Procuradurías de los Estados y la General de la República, se le suman ahora los de combate a la corrupción, el resultado es más que previsible; es certeza que no servirá para nada. Sólo en PGR hay acumulados más de dos millones de denuncias y querellas que no avanzan –ni avanzaran-, y en Procuradurías de los Estados, es peor el panorama y rezago.
    Es notorio: la PGR, se ha convertido en la “tapadera” o la “alcahuete” más perfeccionada de la corrupción oficial. Gobiernos priistas y panistas han confundido artera y perversamente el hecho forzoso y obligatorio de que el Ejecutivo decida y determine la política de Estado en contra de la corrupción, con la convenenciera idea de que hay que estar a las órdenes del Titular del Ejecutivo de “a quien sí y a quien no castigar”.
    La Política de Estado anticorrupción la dirige y determinan el Ejecutivo en acuerdo con el órgano de pluralidad que es el Legislativo; no es sólo un asunto del voluntarismo del Titular del Ejecutivo.
    Poner a la Fiscalía llamada anticorrupción bajo el mando de la PGR es muestra de cómo el Ejecutivo Federal usa y abusa de la PGR para proteger o castigar, según su gusto, a cualquier personaje. Eso es lo que nos demuestra el Caso JaviDu.
    Vea. La ASF demandó a Javier Duarte más de 70 veces -de 2012 a la fecha- ante la PGR; la PGR no hizo nada al respecto (no sólo fue omisa sino cómplice y protectora de la corrupción de Duarte y fomentadora de la impunidad). Aunque cada año la Auditoría Superior detecta presuntos daños al erario por miles de millones de pesos cometidos por funcionarios públicos de todos los niveles –según datos de su Titular-, la PGR no les investiga ni procesa. La ASF probó que los desvíos en el Caso JaviDu superan los 60 mil millones de pesos, la PGR (¿“alcahuete”?) sólo lo acusa de desviar 233 millones de pesos.
    Bien se colige que el poner a la Fiscalía anticorrupción como una dependencia de la PGR sólo servirá para instaurar un sistema de simulación de combate a la corrupción.
    Otros datos que nos muestran el actuar poco ético y fomentador de la impunidad de la PGR los dio el Presidente de la CNDH -no son afirmaciones de Ruiz Subiaur-; son del Presidente de la CNDH ante Peña Nieto:
    La corrupción, la impunidad, la falta de una efectiva rendición de cuentas, los problemas para garantizar a los mexicanos el respeto a sus derechos, han multiplicado hechos deleznables como el que servidores públicos de varios niveles cometieron delitos y abusos aprovechándose de sus cargos, que han quedado impunes.
     “Ya sea por ineficiencias burocráticas o por una insolvencia ética de los servidores públicos, lo cierto es que esta situación ha fortalecido en la sociedad la percepción de que el cumplimiento y aplicación de la ley es algo discrecional”, la falta de capacitación y la desidia de los funcionarios provocaron que continuaran prácticas como la tortura, las desapariciones forzadas o las ejecuciones arbitrarias.
    Durante 2016, la CNDH emitió 72 Recomendaciones, lo cual significó un aumento del 20% respecto a 2015. Registraron el mayor número de recomendaciones En 2016: la PGR, la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional de Seguridad, y la SeDeNa.
    Aunque estos casos de galopante corrupción fueron visibles, ninguna de las Procuradurías –o Fiscalías- estatales señalaron las faltas en el presupuesto estatal, ni incoaron procedimientos resarcitorios o de castigo. Desvíos notorios en salud, educación, infraestructura.
    Poner a la Fiscalía anticorrupción como una dependencia de la PGR –o las estatales de las Procuradurías locales- hará nugatoria su función de combate a la corrupción.