Tiene Tabasco rezago de 321 mil viviendas

Villahermosa, Tab., 11 de junio.- En cuanto a la calidad de sus viviendas, Tabasco tiene un rezago de doscientos diecisiete mil casas y  de ciento cuatro mil de nuevas casas-habitación, que significa un rezago de 4.7 por ciento, más alto que el promedio medio nacional, afirma la diputada Verónica Castillo Reyes quien sostiene que uno de los problemas para combatir esa situación es que, según los nuevos lineamientos en materia de créditos, solo pueden acceder a uno, quienes ganan por arriba de cinco salarios mínimos.    
    En base a lo anterior y en su experiencia como representante de la agrupación “Pobladores Asociación Civil”, sostiene que la vía para abatir ese rezago es  impulsar el desarrollo de la producción social de vivienda,  para lo cual, cree indispensable reformar la Ley  de Vivienda de Tabasco, con una iniciativa como la que presentó ante la Cámara de Diputados en mayo pasado, que actualmente se encuentra en análisis. 
    La situación de la vivienda en el estado presenta varios problemas -dice en la exposición de motivos de su iniciativa-  el deterioro habitacional, la situación precaria asociada; la ubicación de viviendas en zonas de riesgo y la especulación inmobiliaria impiden la equidad y el ejercicio del derecho a la vivienda.
    El diagnóstico del Plan Estatal de Desarrollo (PLED) 2013-2018, menciona la legisladora perredista, registra para Tabasco un déficit en el 23.6 por ciento de las viviendas en cuanto a rezago de servicios básicos y un 21.7 por ciento en lo referente a calidad y espacios, esto frente a un promedio de 16.5 y 15.2 por ciento, respectivamente, a nivel nacional.
    Asimismo, asegura en la misma exposición de motivos, el PLED reconoce daños importantes “a la infraestructura de vivienda” por las inundaciones.
    Por esas circunstancias, destaca, es imperativo regular los usos del suelo e instrumentar una política pública de apoyo a los productores sociales, son ellos los que han generado el 76 por ciento del total de las más de 570 mil viviendas existentes en Tabasco.
    Esa iniciativa, según el mismo documento,   pretende dar respuesta a ese tipo de situaciones avanzando con un enfoque de derechos y justicia social, tomando en cuenta que un  sector mayoritario de la sociedad permanece excluido de los programas hipotecarios, los cuales han sido diseñados esencialmente para garantizar rentabilidad a los inversionistas, no para atender el derecho a una vivienda adecuada, digna y decorosa.
    La producción social de vivienda tiene que ser un elemento estratégico en la política habitacional del gobierno del estado, sostiene, apoyando a los productores sociales de vivienda, que han desarrollado experiencias diferentes a las  formas mercantiles y financieras centradas en la rentabilidad de la inversión que capitaliza el valor de cambio a favor de empresas lucrativas.
    Explica que la producción social de vivienda, se ejerce con diversas técnicas constructivas, movilizando recursos comunitarios y familiares, la población aporta recursos propios, como suelo, trabajo y ahorro en efectivo o en especie y  los recursos propios se complementan con subsidios que permiten organizar mejor el proceso de construcción, reduciendo tiempos y mejorando la calidad de las viviendas, con apoyos técnicos profesionales.
    Menciona que actualmente las tensiones entre la CONAVI y las organizaciones promotoras de la producción social de Vivienda se han acrecentado debido a sus diferentes enfoques, uno tecnocrático-financiero y  el otro el social, que reconoce el derecho a la vivienda como derecho humano.
    La actual administración federal, afirma, ha dado preferencia a esquemas financieros  pasando sobre la realidad social de los productores sociales de vivienda, quienes, con o sin subsidios y otros apoyos institucionales seguirán siendo los principales generadores de oferta habitacional en nuestro país.
    Sería lamentable, hace notar,  que se continúe instrumentando programas y reglas de operación desde criterios bancarios, que además de lesionar el proceso de la producción social de vivienda, no contribuirán a solucionar el grave rezago habitacional en nuestro país y estado.
    La iniciativa que se encuentra en el Congreso, pretende cambiar el papel que la federación le tiene asignado a los gobiernos estatales y municipios en materia de vivienda, para romper con la subordinación que establece el Artículo 17 de la Ley de Vivienda.
    En dicha ley, el gobierno federal establece que los gobiernos locales deben centrar su atención en aspectos como: desregulación, otorgamiento de licencias, y como proveedores de suelo a proyectos habitacionales establecidos desde instancias ajenas a las realidades y necesidades locales.
    “De no haber un cambio sustantivo en las políticas y programas del gobierno federal, los problemas de rezago, déficit, precariedad y deterioro habitacional, asegura la diputada por Macuspana,  no tendrán soluciones reales”. Menciona en la misma exposición de motivos, que de acuerdo a la nueva política nacional de vivienda, se asignaron 62 mil millones de pesos “con el objeto de asegurar que los desarrolladores de vivienda cuenten con financiamiento suficiente”.
    Este gigantesco volumen de recursos, comenta, otorgado a las corporaciones privadas han distorsionado el mercado habitacional al concentrar inversiones en vivienda terminada,  en grandes ciudades, con una evidente desatención hacia otras modalidades de vivienda ( como la progresiva, o mejoramiento) y exclusión de zonas y sectores sociales (ciudades pequeñas, comunidades rurales, colonias populares).
    Además siguen contribuyendo  a la existencia de 5 millones de viviendas deshabitadas en todo el país y, en suma, conforman una estructura especulativa que vulnera el derecho a la vivienda. La iniciativa de Verónica del Castillo, según explica ella misma,  pretende reformar treinta y cinco artículos de la Ley de Vivienda de Tabasco y en resumen pretende: la adecuación derivada de la reciente reforma a la Constitución local en materia de derechos humanos; nuevos conceptos sobre la vivienda de acuerdo a lo establecido en acuerdos internacionales firmados por nuestro país.
    También busca la planeación democrática de las políticas territoriales; una mayor participación de los gobiernos estatal y municipal en materia de vivienda;  el fomento de las ecotecnias y el aprovechamiento sustentable en los procesos de construcción; y  sobre todo, impulsar y fortalecer la producción social de vivienda y los procesos de autoconstrucción para apoyar a los sectores de más bajos ingresos. (Continuará).