La Sección Instructora de la Cámara de Diputados decidió archivar definitivamente la solicitud de desafuero presentada en 2022 contra Alejandro “Alito” Moreno, líder del PRI, por enriquecimiento ilícito cuando fue diputado federal.
La resolución se debió al desistimiento formal de la Fiscalía de Campeche y no equivale a una exoneración o sentencia de inocencia.
El presidente de la Sección Instructora, Hugo Éric Flores (Morena), explicó que el caso fue cerrado porque ya no existía materia legal, tras el retiro de la solicitud por parte de la Fiscalía estatal y la instrucción de un tribunal colegiado para concluir el procedimiento.
Añadió que el amparo concedido por un error en un cateo no implica que sea descartada cualquier responsabilidad penal.
Al mismo tiempo, la instancia informó que ya recibió una nueva petición de desafuero promovida por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche.
Esta segunda solicitud incluye cinco denuncias por presuntos delitos de peculado, uso indebido de atribuciones y extralimitación de funciones, relacionados con desvío de más de 83 millones de pesos.
Flores señaló que el proceso aún no ha sido admitido formalmente y será revisado hasta el inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, previsto para septiembre.
Mientras tanto, se notificará a Moreno sobre la nueva solicitud, sin que ello implique el inicio oficial del juicio de procedencia.
En este marco, el PAN exhortó al gobernador de Tabasco, el morenista Javier May Rodríguez, a que también presente una solicitud de desafuero contra el coordinador de la bancada guinda en el Senado, Adán Augusto López Hernández, por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, de la misma forma en que lo hizo la mandataria campechana, Layda Sansores, en el caso de Moreno.
Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de la Jucopo (Morena), instó a la Sección Instructora a analizar el nuevo expediente con profesionalismo y sin sesgos partidistas. Aseguró que no debe haber presiones políticas para influir en el procedimiento.
Alejandro Moreno ha rechazado las imputaciones y las calificó de infundadas, argumentando que ya obtuvo amparos que invalidan procedimientos anteriores y acusa al oficialismo de utilizar las fiscalías con fines intimidatorios.
